Con su voto a favor de multar a Telcel con casi 12 mil millones de pesos, el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, hizo una confesión pública de una directriz gubernamental para beneficiar o perjudicar a determinadas empresas de telecomunicaciones. Cada vez es más evidente la intención de acotar a las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim, aseguró el director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete.

Por separado, la presidenta de Observatel, Irene Levy Mustri, destacó que la multa a Telcel debe ser el comienzo de una serie de decisiones históricas, no sólo en el mercado de la telefonía móvil sino también en el de la televisión abierta y en la restringida, donde recién la CFC autorizó la concentración de Televisa y Cablemás sin condicionantes, y está pendiente la autorización de Televisa-Iusacell a la que se le deben imponer reglas para evitar prácticas anticompetitivas.

Mediatelecom detalló que mientras se le impide a Teléfonos de México (Telmex) el cambio en su título de concesión para que pueda ofrecer el servicio de televisión restringida, el gobierno autorizó en 2006 que Televisa comprara 50 por ciento de la cablera TVI en 769.4 millones de pesos, y 49 por ciento del capital social de Cablemás, la segunda compañía de televisión por cable más importante en México, por 258 millones de dólares. En 2007, con el beneplácito de la autoridad Televisa también adquirió el control de la telefónica Bestel, sin que las autoridades se aseguraran de que contrajera compromisos de cobertura social.

En 2011 Televisa anunció que compraría el resto de las acciones de Cablemás para tener el control total, operación que deberá ser aprobada por la CFC debido a que existen condiciones de desinversión en PCTV, la distribuidora de contenidos para televisión de paga ligada a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).

Asimismo, Televisa acaba de comprar 50 por ciento de las acciones de Iusacell por mil 600 millones de dólares, para que esa empresa sea su salvoconducto para entrar al negocio de las telecomunicaciones móviles, operación que deberá aprobar la CFC.

Mediatelecom y Observatel coincidieron en que es necesario conocer la resolución completa de la decisión adoptada por el pleno de la CFC para señalar si fue correcta o no la sanción y la manera en que incidirá en otras resoluciones y operadores, toda vez que el organismo antimonopolios tiene resoluciones pendientes sobre las condiciones de competencia en distintos segmentos del mercado de telecomunicaciones.

Levy puntualizó que la resolución no tiene efectos directos en las tarifas para los consumidores, pero si se tratara de una multa debidamente probada indirectamente ayudará a tener un mercado más sano, competitivo y pondrá orden en el mercado móvil.

Junto con Jorge Fernando Negrete, también de Mediatelecom, Jorge Bravo y Ramiro Tovar señalaron que la CFC no puede aplicar una multa de casi 12 mil millones de pesos a Telcel porque no se le puede considerar reincidente, conforme a lo definido en la Ley Federal de Competencia Económica.

Acusaron a la CFC de actuar con discrecionalidad al fijar la multa, y consideraron que por tratarse de un asunto de interconexión de redes fijas en redes móviles, lo que procede es que la Cofetel regule las tarifas de interconexión de redes móviles, sobre todo cuando la CFC ha declarado dominantes a todos los operadores.