El narcomenudeo en la ciudad de México creció 450 por ciento de 2002 a la fecha, aseguró la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Maricela Contreras Julián, quien destacó que ante ese panorama el pleno de este órgano legislativo deberá aprobar una serie de reformas legales para que las autoridades capitalinas tengan ya la facultad de conocer, perseguir y sancionar ese ilícito.

La legisladora perredista añadió que cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital detallan también que tan sólo de 2009 a 2010 se tuvo un aumento de 29 por ciento en los casos de personas relacionadas con el narcomenudeo.

Según esas estadísticas, en el periodo en mención se detuvo a 10 mil 780 personas relacionadas con posesión, consumo o venta de drogas en el DF, en tanto que las delegaciones políticas que concentran los mayores puntos de venta de algún tipo de sustancia ilícita, sobre todo mediante las conocidas tienditas, son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Frente a esa situación, Maricela Contreras informó que es muy probable que en la sesión ordinaria de hoy del pleno de la ALDF pudiera incluirse en el orden del día la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de reformas a las leyes de Salu, y Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF para que tengan atribuciones plenas para perseguir y sancionar el mencionado ilícito.

Detalló que en el dictamen se incluyen adecuaciones al marco jurídico del Distrito Federal para que los juzgados penales y de justicia para adolescentes tengan la facultad de conocer de los delitos en materia de narcomenudeo, además de que las autoridades de salud deberán coordinarse con la Federación en el desarrollo de acciones de prevención y atención de la farmacodependencia y se dé prioridad al enfoque preventivo, antes que la criminalización.

También se fijan condiciones para la entrada en vigor de esas reforma. Una es que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal conocerá de ese tipo de delitos hasta que el Congreso de la Unión realice los ajustes respectivos a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia local, y la otra es que se asigne presupuesto por parte de la Federación y de la Asamblea Legislativa.