El juzgado 16 de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, dictó auto de formal prisión contra 11 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de cometer delitos del orden federal tras participar en los incidentes violentos del pasado 11 de abril en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Así, Hugo Medina Rodríguez, Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdez Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Jorge Ulises Uribe Gaona, Gabriel Blas Bastián, Rogelio García Flores, Gabriel Rodríguez Arriaga, Rodolfo Vivas Espíndola, Gilberto Burgos Martínez y Marco Antonio Cortés Cruz serán juzgados por motín, robo calificado y daños en propiedad ajena.

La dependencia federal informó que los delitos imputados a los presuntos integrantes del SME fueron considerados con agravantes, por lo que el juzgado respectivo les negó la libertad bajo fianza, por las circunstancias y características de los ilícitos cometidos.

Los procesados también enfrentarán juicio en el fuero común, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal los acusó penalmente debido a que durante la manifestación contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en las inmediaciones de Marina Nacional y Circuito Interior, donde se ubica el edificio que ocupaba la extinta empresa, se suscitaron actos vandálicos, como fue la quema de cuatro vehículos particulares, daños a un vehículo de la CFE y a su conductor, obstaculizaron los trabajos de los elementos del Cuerpo de Bomberos quienes acudieron a apagar los autos siniestrados, impidiéndolo mediante barricadas, propiciando la alteración del orden público y pretendiendo amenazar a la autoridad para obligarla a tomar alguna resolución relativa a la problemática que enfrenta la extinta Luz y Fuerza del Centro, dijo la PGR.

Así, el juzgado 61 penal dictó a los 11 detenidos auto de formal prisión por los delitos de motín, resistencia de particulares y daño a propiedad ajena, que, por no ser considerados graves, otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza, fijada en 500 mil pesos por cada uno, aunque hasta las 21 horas ninguno había garantizado el pago.

El juzgado determinó también remitir el expediente del caso a un juzgado de paz penal donde se desarrollan los juicios por delitos menores.