Cuernavaca, Mor., 16 de abril. La Comisión de Derechos Humanos Independiente del estado de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigieron al gobernador Marco Adame Castillo y al presidente Felipe Calderón que apliquen la ley a los verdaderos culpables del asesinato de siete personas, entre ellas el hijo del escritor Javier Sicilia, y “que dejen de fabricar pruebas, presentar chivos expiatorios y falsos positivos.

“Las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos exigido que no haya impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en la que el pueblo pone los muertos.

Ninguna muerte debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen, como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país con casi 40 mil personas fallecidas, aseguraron en un documento.

Señalaron que en la investigación, persecución y sanción del delito, la autoridad está obligada a cumplir con principios legales y procedimientos técnicos y jurídicos claramente establecidos para dar la certeza jurídica de que se sanciona al verdadero culpable de cometer el delito, ante los más de mil 200 crímenes violentos ocurridos en cinco años en Morelos.

Hemos exigido que las instancias de procuración de justicia que investiguen de manera seria y profesional; en la mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables, expusieron.

Respecto de la detención del joven de 24 años Rodrigo Elizalde Morán, presentado en la 24 zona militar, brutalmente torturado, con huellas de que le lastimaron las uñas de los pies, mostrando su rostro deformado por los golpes y obligado a hacer confesiones públicas sin tener un abogado que lo auxilie (...), se responde a un esquema prefabricado y no a una investigación seria y profunda para encontrar a los verdaderos culpables.

Desconfiaron de esa detención, por ser la entrega de un comando de encapuchados que lo detuvieron y hoy está acusado de formar parte del grupo que privó de la vida a las siete personas cuyos cuerpos aparecieron en el fraccionamiento Brisas de Temixco, cuando dos días antes la propia PGR había anunciado la entrega de millones de recompensa a quien diera sólo algunas pistas confiables sobre el paradero de los autores del miltihomicidio.

Frente a esa situación solicitaron a los tres niveles de gobierno poner fin a la cacería de brujas y a la fabricación de delincuentes. Exigieron al titular de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, que dé a conocer la verdad sobre los hechos del pasado 28 de marzo y cuáles son las pruebas para incriminar a los que se acusan de probables responsables.

Pidieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que intervenga en el esclarecimiento de la investigación enviando un visitador y que constate la situación física del detenido y se le brinde ayuda humanitaria, así como una indagatoria de todos los crímenes, castigo a los verdaderos culpables y que se ponga alto a la impunidad.