La Paz, 16 de abril. El gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, reanudaron hoy las negociaciones para un eventual aumento salarial que ponga fin a una huelga general que dura ya 10 días, tras la jornada de violencia del viernes en la que miles de maestros se enfrentaron con la policía.

La reunión se instaló sin la presencia del presidente Evo Morales –de gira por el país–, como pedían los trabajadores. Concurrieron en cambio varios ministros encabezados por el titular de la Presidencia, Óscar Coca, mientras que por la COB asistió su máximo líder, Pedro Montes, quien dijo que queremos de una vez una solución.

Agregó que existe la voluntad política de alcanzar acuerdos con las autoridades para lograr la paz, en el contexto de un conflicto en que participan miles de mineros, maestros y empleados de la salud, que reclaman un aumento salarial de 15 por ciento frente al 10 decretado por el gobierno en marzo y que es retroactivo a enero.

Tras los disturbios del viernes que dejaron ocho heridos, la policía informó que hoy ya no existen bloqueos de carreteras ni manifestaciones en calles de La Paz. Hoy sólo se mantienen apostados cientos de mineros, maestros y trabajadores de la salud en las afueras del edificio de la vicepresidencia del Estado, donde se realizan las negociaciones en espera de un acuerdo.

Antes de retomar la negociación, Montes había advertido que si no hay (diálogo, la violencia) se va a profundizar y todo lo que pase será responsabilidad de los ministros y el gobierno. Pero hoy la COB pidió a sus bases evitar choques como los suscitados últimamente. Ramiro Condori, otro dirigente, dijo que los sindicatos no quieren la alteración de la paz.

Revisión de lo ya acordado

El ministro de la Presidencia dijo que en la anterior negociación ya hubo un acuerdo en siete de los ocho puntos. Empero, subrayó, la COB pretende ahora revisar lo acordado, por lo que hemos llegado a la conclusión de que hay actitudes ambivalentes: un día nos dicen una cosa y al día siguiente otra, y no hay seriedad.

El ministro Coca explicó que el incremento ya autorizado de 10 por ciento significa el equivalente a 125 millones de dólares anuales del presupuesto general de la nación, y que si se diera curso al 15 por ciento, el incremento sería de 508 millones de dólares para los trabajadores y empleados del Estado, y esto hace inviable ese pedido porque afectaría otras conquistas sociales y de infraestructura.

Sectores radicales de los maestros y los mineros plantearon echar mano de las reservas internacionales o dejar de adquirir un satélite para comunicaciones a fin de facilitar el pedido de aumento salarial, lo que rechazaron las autoridades.

En otro orden, el juez Rolando Sarmiento rechazó el caso de un presunto grupo de mercenarios presentado por el gobierno y que, según la acusación, formaba parte de un plan de desestabilización emprendido hace dos años por fuerzas de derecha que conspiraban contra el gobierno de Evo Morales y buscarían dividir Bolivia.

La propuesta acusatoria no está bien hecha y no tiene una relación precisa de los hechos y por lo tanto la acusación del fiscal no es contundente, estimó el magistrado que lleva el caso.

El fiscal Marcelo Soza deberá corregir la falta de documentos en un plazo de cinco días y destacar la participación de cada uno de los acusados, en el caso en que tres mercenarios fueron abatidos por la policía el 16 de abril de 2009.