La pretensión del Ejecutivo federal por institucionalizar seis niveles de prisiones federales en el país manifiesta la desesperación gubernamental ante el incremento de las actividades criminales y la ineficacia de las fuerzas federales encargadas de combatirlos, señalaron diputados federales.

Arturo Zamora, legislador del PRI e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, consideró inviable jurídicamente la operación de prisiones con distintos niveles de resguardo.

“El tema no se puede dar a través de una iniciativa de ley, pensar en crear cárceles de supermáxima seguridad, porque lo que finalmente sí debo decir, está enmarcado en un contexto: la reforma de junio del 18 de junio de 2008 establece la obligación del Poder Legislativo de hacer la reforma correspondiente a la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad.

Hablar de cárceles de supermáxima seguridad es un asunto más de respuesta a la desesperación que en este momento está teniendo el Poder Ejecutivo federal, por la impotencia de no frenar o no poder frenar los índices de violencia que estamos viviendo. Si se plantea de esa manera y se anuncia de esa forma, con el ánimo de inhibir el delito, eso no lo va a disuadir.

El representante priísta se refirió a los preceptos constitucionales que deben contemplarse en el proceso carcelario. Deben observarse reinserción social, implementación de sistemas donde se incorporen los temas de educación, cultura, deporte y trabajo al cumplimiento de las sanciones.

Por su parte el legislador perredista Arturo Santana ironizó con la propuesta oficial, porque los penales de máxima seguridad han sido vulnerados por la delincuencia organizada.

“De entrada, el nombre de la iniciativa –superprisiones– se me hace muy de reality show. Un asunto que, ¿después de los de superalta seguridad, cuáles van a venir? El nombre me parece, más que una propuesta seria, un asunto que busca desviar la atención de los mexicanos ante los graves problemas que estamos padeciendo. Tenemos que echar un vistazo a una restructuración del sistema penitenciario, que lleve consigo la profesionalización y capacitación del personal del sistema penitenciario a escala nacional, del fuero federal y del fuero común.”

–Uno de los argumentos del Ejecutivo es el intento de resolver la sobrepoblación de las prisiones –se le recordó.

–La revisión del catálogo de delitos, que va aparejado con el hacinamiento de los reos en las prisiones, es producto y concurso de la participación, incluso, de legisladores, gente de la sociedad civil. Vamos a estudiarla con mucho detenimiento, para verificar que no constituya algún vicio de inconstitucionalidad o violación de garantías individuales, que son dos temas fundamentales para el marco jurídico mexicano.

Para el panista Martín Arce sí se impone la urgencia de crear nuevos penales y la incorporación de jueces de ejecución, con objeto de adoptar nuevas medidas de persecución de grupos del crimen organizado.

Definitivamente es necesaria la creación de penales de máxima y supermáxima seguridad. La modernización de los penales es un tema que no ha dejado de lado el Presidente; sin embargo, se requerirán recursos adicionales y lo tenemos que hacer y la ejecución de sentencia no se puede dejar pendiente.