l Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nicolás Eyzaguirre, criticó ayer la política de algunos países de la región de otorgar subsidios generalizados para paliar el alza en el costo de los alimentos y los energéticos, y recomendó que en lugar de eso se emprendan programas de asistencia focalizada a los sectores más vulnerables.
Los señalamientos del funcionario ocurren en el contexto de un incremento generalizado en los precios de los alimentos en los mercados internacionales, que en el último año alcanzó 36 por ciento, de acuerdo con un informe presentado el jueves pasado por el Banco Mundial. Ese incremento ocurre en circunstancias nacionales particularmente adversas, cuando México ha llegado a una dependencia alimentaria de más de 50 por ciento como resultado de la persistencia en una política agraria –elaborada en los centros financieros internacionales, como el propio FMI– que se caracteriza por la apertura indiscriminada de mercados agrícolas y la especialización de cultivos y que, si bien puede resultar atractiva a corto plazo, deriva en efectos contraproducentes: tarde o temprano, la aplicación de esas directrices coloca a las naciones ante el riesgo de sufrir desabastos severos, hambrunas y, en última instancia, una multiplicación en el número de pobres.
Por añadidura, tal circunstancia se ha visto agravada, en el caso de nuestro país, por la aplicación –desde hace ya varios años y a instancias del gobierno federal– de un esquema de incrementos mensuales al combustible, lo que provoca aumentos de precios en el transporte y, por tanto, al resto de los productos y servicios, con consecuencias particularmente lesivas en los alimentos que conforman la canasta básica.
En estas condiciones, la respuesta correcta del sector público es, precisamente, empeñarse a fondo en medidas que propicien y garanticen la alimentación de la población y que ayuden si no a reducir, sí a evitar un aumento exponencial de la pobreza. Llama la atención, pues, que el FMI reconozca que el alza en los alimentos representa un importante reto social
pero que, al mismo tiempo, pida la aplicación de una medida –la cancelación de los subsidios– que implicaría, para países como el nuestro y en circunstancias como las actuales, dejar a la población a merced de los vaivenes del libre mercado; profundizar la pérdida de capacidades productivas del de por sí castigado sector agrícola e incrementar las deficiencias estructurales y la vulnerabilidad del país en materia alimentaria.
Tales deficiencias, así como los rezagos sociales que recorren el país, no se corregirán, por lo demás, mediante la aplicación de programas asistencialistas como los que lleva a cabo el gobierno federal. Es significativo que el FMI recomiende los programas focalizados para la reducción de la pobreza, por un lado, y reconozca, por el otro, que éstos sólo han hecho una aportación limitada en ese sentido: un dato relevante al respecto es que a pesar de que el programa Oportunidades ha logrado llegar, según la Secretaría de Desarrollo Social, a la casi totalidad de los indígenas depauperados en el país, la situación de ese sector dista mucho de haber mejorado: por el contrario, de acuerdo con información difundida ayer por el BM y el FMI, ocho de cada 10 indígenas en el país son pobres, una proporción sólo superada en el mundo por la que prevalece en la República Democrática del Congo (8.4 por cada 10).
La política social no podrá, por sí sola, restañar daños causados por la configuración actual de las políticas económica y alimentaria: para que la primera tenga sentido, se requiere de un viraje en las segundas. Por lo demás, y en lo inmediato, medidas como el proteccionismo y el subsidio a los alimentos pueden parecer obsoletas y contrarias a la lógica de la disciplina fiscal, pero tienen, a fin de cuentas, el sentido de asegurar la alimentación básica de la población y de preservarla ante las fluctuaciones de los mercados mundiales.
