Washington, DC, 15 de abril. El incremento en el precio de los alimentos se convirtió en un importante reto social para todos los países de Latinoamérica, aseguró este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo se manifestó contrario a la política de algunos países de la región de otorgar subsidios generalizados para atemperar el alza en el costo de los alimentos o la energía, como ocurre en México con la gasolina. Esas prácticas, aseguró, benefician más a la población de mayor ingreso.

Incluso las naciones que son exportadoras de alimentos enfrentan el desafío de proteger a los más pobres, consideró Nicolás Eyzaguirre, responsable del Departamento de América Latina y el Caribe del FMI. Los programas de subsidios focalizados –como el Progresa de México o Bolsa Familia, de Brasil– pueden ayudar a atender la urgente necesidad de compensar a la población de menor ingreso por el alza en el costo de la comida, añadió.

Para todos los países es importante que haya una política orientada a proteger a los más vulnerables de la sociedad, mencionó Eyzaguirre, en el marco de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. Esto, añadió, significa evitar los subsidios generalizados, que suelen ser costosos para el erario y regresivos en términos sociales. Y, si se vuelven permanentes, requieren de recursos que obligan a hacer ajustes importantes en los presupuestos públicos.

Interrogado sobre el caso de México, país en que el subsidio al precio de la gasolina requiere cada año 70 mil millones de pesos de fondos públicos, Eyzaguirre respondió que los subsidios generalizados no son el consejo que damos.

Cuando un país produce petróleo o alimentos por encima de su demanda interna es más rico cuando los precios de esos productos aumentan, planteó. Ese ingreso adicional puede ser usado para mitigar el impacto local de los costos crecientes de los alimentos o los energéticos.

Lo que estoy diciendo es que hay que ser cuidadosos en cuanto a la forma en que se trata de mitigar el impacto en la población del alza en los precios de alimentos y energéticos. Es preferible que la compensación no sea a través de subsidios generalizados, sino más bien dirigidos y que beneficien a un segmento en particular. Hacerlo generalizado podría ser regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero también enviaría señales no adecuadas porque la escasez de alimentos o de energía no se va a sentir y no existe entonces un incentivo para que los consumidores traten de sustituir esos artículos o para que los productores produzcan más, añadió.

La mitigación de las consecuencias sociales del mayor costo para los consumidores de la factura alimentaria y energética no es sólo algo apropiado sino necesario, dijo Eyzaguirre. Pero, insistió, los subsidios generalizados no son el consejo que damos a nivel de política.