Un centenar de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos enviaron ayer una carta a la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, mediante la cual la llamaron a intervenir para que los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, sean asumidos por instancias civiles.

Los tres expedientes, que significaron igual número de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra del Estado mexicano están bajo control de la justicia castrense, lo que ha obstaculizado su cumplimiento, señalaron.

Confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello mostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, se afirmó en la carta.

El documento, firmado por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, hizo un repaso de las agresiones que sufrieron Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Inés Fernández y Valentina Rosendo, y subrayó que la justicia militar ha impedido que éstas sean reparadas.

La remisión de los expedientes de investigación radicados en la jurisdicción penal militar hacia el fuero civil es impostergable. Sólo a partir de ello se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los delitos efectúen una investigación que cumpla los requisitos establecidos por la CIDH.