Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a investigar de forma exhaustiva los vínculos entre narcotraficantes y servidores públicos, toda vez que esta semana fueron arrestados 16 agentes de la policía acusados de trabajar para diversos cárteles responsables de masacres en el estado de Tamaulipas.

La organización de derechos humanos afirmó, en un comunicado, que ha podido documentar en repetidas ocasiones los actos de colusión entre bandas criminales y funcionarios mexicanos en actos de abusos cometidos contra migrantes, pero rara vez son investigados y castigados.

El arresto de 34 sospechosos es un paso positivo, pero el hecho de tener 16 policías entre los implicados muestra que las bandas criminales operan con frecuencia junto a las fuerzas de seguridad, las cuales les brindan impunidad para cometer abusos graves, advirtió Rupert Knox, investigador en México de Amnistía Internacional.

En el caso de Tamaulipas la fuerte presencia de la Policía Federal y el Ejército no sirvió para prevenir esas matanzas o la complicidad con grupos criminales. Es crucial una investigación pronta, completa e imparcial, que asegure el respeto por los derechos humanos para identificar a los responsables y llevarlos a la justicia, además de que se le dé al público información confiable sobre las acciones tomadas, añadió.

Knox subrayó que el descubrimiento de las fosas en Tamaulipas ha servido para evidenciar las graves fallas del gobierno mexicano para lidiar con la crisis de seguridad pública del país y reducir la violencia criminal, que ha dejado a numerosas comunidades a merced de ataques, secuestros y asesinatos.