Mérida, Yuc., 14 de abril. La inseguridad y violencia que enfrenta el país ha marcado cambios sustanciales en la forma de estar, transitar y convivir en los espacios públicos y en los centros educativos de nivel básico, medio superior y superior, reconoce  la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por lo que recomienda elevar las acciones de protección y prevención en los campus que incluyan mejores controles de acceso, vigilancia, capacitación del personal de seguridad e identificación de zonas de riesgo.

En el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior, elaborado por el consejo nacional de ANUIES, que podrá aplicarse a partir de mayo en las 159 universidades públicas y privadas afiliadas a este organismo, se destaca que las instalaciones educativas se han vuelto blanco fácil de robos, asaltos y secuestros pese a que cuentan, en su mayoría, con medidas de seguridad.

La inseguridad, afirma el organismo, ha tocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad y ha mostrado la fragilidad y vulnerabilidad de los espacios educativos, desde el nivel básico hasta el superior.

Por ello, recomienda medidas de prevención como la evaluación de los sistemas de seguridad existentes, establecimiento de programas de seguridad, capacitación del personal para contender con las nuevas condiciones de violencia, tarea que podrá solicitarse a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, así como mantener un registro de incidentes y campañas de prevención contra el consumo de drogas y alcohol.

Al respecto, destaca la necesidad de incluir acciones sobre riesgos y sanciones a quienes ingresen, consuman o vendan estas sustancias en los campus, así como la creación de un protocolo, de acuerdo con la legislación nacional y estatal, que especifique la pena por el uso de drogas.

Es necesario, indica el manual, que los rectores tomen acciones para prevenir la venta de alcohol y drogas en los campus, robos con violencia, asesinatos, balaceras, secuestros, ataques con explosivos, portación de armas, e incluso establecer protocolos para saber cómo actuar ante un operativo policial municipal, estatal o federal al interior de los planteles, acción que no se descarta pero, advierte, con respeto a su autonomía.

Aprobado por el consejo nacional de ANUIES, integrado por 15 instituciones de educación superior, públicas y privadas, y avalado por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada por Genaro García Luna, el manual plantea el diseño de un sistema de seguridad para las universidades del país, ante escenarios nunca antes vistos, y establece ocho estrategias de protección y prevención de incidentes:

Aplicación de sistemas de credencialización, bitácora de visitantes, sistemas de control de accesos y salidas, directorio con números de emergencia, alumbrado, buzón electrónico de opinión, equipo e infraestructura, así como actualización y capacitación especializada de los cuerpos de seguridad a cargo de resguardar los campus. Propone como eje estratégico la creación de consejos o comités de seguridad al interior de las universidades, así como la realización de simulacros ante posibles riesgos de violencia.

El documento de 70 cuartillas, difundido este jueves, previo a su análisis en la 36 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), revela que pese a enfrentar un contexto de inseguridad y violencia, 32.8 por ciento de las universidades no cuenta con instrumentos para regular su seguridad, 43.5 no tiene convenios de colaboración con autoridades responsables de la seguridad pública, mientras que otro 46 por ciento no tiene equipo ni infraestructura de seguridad.

De acuerdo con una encuesta de seguridad interna, aplicada por la ANUIES, se detectó que 98 por ciento de las universidades tienen casetas de vigilancia y 78 aplican sistemas de credencialización para el ingreso, pero sólo 10.2 por ciento cuenta con arcos detectores de metales, 27.1 tiene torniquetes en sus accesos y 35.6 por ciento cuentan con resguardo de sistemas electrónicos de ingreso.

El manual, que será sometido este viernes a la aprobación de las cerca de 80 universidades públicas del país, destaca como temas estratégicos de los comités de seguridad el establecer convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno, pues sólo 10 por ciento lo ha hecho con el gobierno federal, 42 con estatales y 61 por ciento con gobiernos municipales. Sobre las condiciones de violencia que enfrenta la comunidad universitaria, destaca que en el último año se han incrementado los robos con violencia, venta de drogas, balaceras, portación de armas, secuestro y asesinato, y agrega que no cabe duda que la novedad de estos eventos reside en la frecuencia y uso de violencia con que están sucediendo.

El documento establece protocolos de seguridad. En caso de robos o asaltos, recomienda: no discuta ni pelee con el ladrón. Escuche lo que pide. Mantenga la calma y procure no hacer perder el control al asaltante. Asimismo, no intente desarmarlo.

Evitar sensacionalismo

Pese a que las recomendaciones a la comunidad universitaria son, entre otras, no estar en lugares solitarios o aislados, ya sean aulas, laboratorios o baños, vigilar objetos personales como celulares, bolsos, mochilas, computadoras y cualquier objeto de valor, guardar la calma ante cualquier hecho de violencia y denunciar cualquier incidente de inseguridad, el secretario general de ANUIES, Rafael López Castañares, llamó a no ser alarmistas o sensacionalistas.

En entrevista previa a la inauguración del encuentro, encabezada por la gobernadora Ivonne Ortega, reconoció que la intención no es cerrar los campus, pero ahí donde existan condiciones difíciles es una decisión que debe asumir el rector, y si es necesario, pues que se haga, pero no todas las universidades enfrentan la misma problemática.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Rodolfo Tuirán, reconoció que la seguridad universitaria es condición esencial para que florezca la investigación y la docencia, pero dijo que la SEP no tiene recursos para incidir en temas de seguridad, por lo que recomendó que soliciten recursos del Programa de Apoyo a la Educación Superior, con un fondo de 40 millones de pesos, aunque no todo ese presupuesto puede ser etiquetado para tareas de seguridad.