e nuevo se reporta en los periódicos el brote de influenza A/H1N1, esta vez en el norte del país. La primera pregunta importante es si se trata de un virus mutante o sigue siendo el mismo de 2009-2010. Las autoridades sanitarias no han revelado nada al respecto. El asunto es relevante, porque si es el mismo virus ya sabemos que tiene un curso benigno y que la probabilidad de un desenlace fatal no es mayor que en el caso de la influenza estacional.
El análisis de la epidemia mostró que sólo 6 por ciento de los fallecimientos por neumonía e influenza se relacionaban con el virus A/H1N1 en 2009. Sólo deben tomarse las medidas preventivas de rutina, sin emprender acciones espectaculares que generan miedo y pánico en la población.
Sin embargo, el análisis de los reportes epidemiológicos de 2010 sobre la influenza estacional y la A/H1N1 arroja resultados preocupantes. Sugiere deficiencias de registro, que se suponían resueltas a partir de la epidemia de 2009, ya que los casos de influenza estacional bajaron en 75 por ciento en 2010 con respecto a 2009 sin causa aparente. Otra insuficiencia grave es que sólo las llamados USMI (Unidades de Salud Monitoras de Influenza) reportan casos de influenza.
Existen 737 USMI en comparación con las 21 mil unidades médicas existentes en el país, de las cuales mil 222 son hospitales. Las USMI no son una muestra representativa de unidades ni pueden considerarse sitios centinela, ya que, por ejemplo, 22.5 por ciento están el Distrito Federal con 7.9 por ciento de la población nacional, mientras el estado de México sólo tiene 2.6 por ciento de las USMI y el 13.5 por ciento de la población.
Esto explica que el Distrito Federal siempre aparece en el primer lugar en los reportes de casos de influenza no por una epidemia más agresiva, sino por la mejor integración de su sistema público de salud.
El deficiente registro también induce a serias dudas sobre la detección y seguimiento de las reacciones adversas en la aplicación masiva de la vacuna contra la influenza A/H1N1 a comienzos de 2010. Un tercio de las inmunizaciones aplicadas era Arepanrix o Pandemrix, actualmente en estudio en el mundo por su relación con la narcolepsia, enfermedad neurológica crónica e incapacitante.
Los casos detectados se presentaron en promedio 51 días después de la vacunación y en las edades de 5 a 15 años. La única declaración de las autoridades sanitarias mexicanas ante estos hallazgos fue que ya no se aplica. ¿Y qué información sistemática tiene respecto a posibles complicaciones o reacciones adversas en las cerca de 8 millones de personas a las que se aplicó Arepanrix?
Por su parte, la Auditoría Superior de Federación (ASF) encontró serias irregularidades al revisar los recursos utilizados durante la epidemia de influenza A/H1N1 (auditoría 09-0-12100-02-0330). La vacuna se compró a un sobreprecio de 118 millones de pesos, debido a la intermediación de la empresa Birmex entre la Secretaría de Salud y los fabricantes.
Asimismo Birmex distribuyó cerca de 8 millones de dosis de la vacuna sin contar con la licencia aprobatoria de Cofepris. Esto significa que la instancia encargada de la seguridad sanitaria nacional no certificó que la vacuna aplicada fuera inocua, potente y efectiva en todos y cada uno de los lotes de producción
. Es más, en noviembre de 2010 todavía no habían sido aprobadas otras 4.8 millones de dosis. Adicionalmente se desperdiciaron vacunas por un monto de 6 millones de pesos.
Las irregularidades en la compra por más de mil millones de pesos del antiviral oseltamivir y su distribución son también múltiples. El primer problema es que se compraron los medicamentos con tiempos de caducidad muy cortos y sin el compromiso del productor de canjearlos, lo que puede resultar en la pérdida de cientos de millones de pesos. Además el empaque de los medicamentos no señalaba Para uso exclusivo del Sector Salud
, omisión que facilita el desvío y comercialización ilegal.
Por último, la ASF encontró que no se llevó un control del destino de los medicamentos por lotes y caducidades, lo que hace imposible su oportuna localización y retiro y, desde luego, facilita su canalización fraudulenta al mercado negro.
La Ssa se ostenta como una institución con competencia técnico-científica y presume de sus políticas basadas en evidencias. Sin embargo, cualquier análisis sistemático de su información y actuación demuestra deficiencias ocultadas con un lenguaje tecnocrático y mediciones huecas de calidad y desempeño
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