Cinco horas requirieron ayer los diputados locales de PRD, PVEM y PT para aprobar en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la norma 29, con la que se limitará a ciertas zonas de la ciudad la apertura de nuevas tiendas de conveniencia y minisúpers, y se fomentará el crecimiento de los mercados públicos de esta capital.

Este punto, que fue el primero en abordarse en la sesión ordinaria de ayer de la ALDF, se caracterizó por una continua discusión en tribuna entre perredistas y panistas, que comenzó como debate, pasó a la diatriba y terminó en chunga, con tan prolongadas intervenciones que la comparecencia ante los diputados del ombudsman capitalino, Luis González Placencia –agendada para las 11 de la mañana–, comenzó tres horas después.

Los intentos por frenar esa norma vinieron directamente de la bancada del PAN. Primero, Carlo Fabián Pizano llevó hasta la tribuna una moción suspensiva para regresar a comisiones el dictamen, con el argumento de que violaba diversas leyes y de que se había marginado a la Comisión de Abasto para conocer de ese asunto. Tras argumentos en favor y en contra, se sometió a votación y se rechazó.

A él le siguió su compañero de bancada Juan Carlos Zárraga, quien formalizó otra moción, en la que se pedía que se removiera del cargo a la presidenta de la mesa directiva de la ALDF, Rocío Barrera, del PRD, pero también fracasó en su intento. Según su dicho, la perredista actuaba de manera parcial, lo que era contradictorio a la norma legislativa.

Posteriormente, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, Guillermo Sánchez, presentó en tribuna el dictamen correspondiente y se abrió una amplia ronda de intervenciones, de interpelaciones, de preguntas y alegatos, que terminaron con la votación final, en lo general y en lo particular, de 43 votos en favor (PRD, PVEM y PT) , 11 en contra (PAN y PRI) y dos abstenciones.

Los panistas que subieron a tribuna coincidieron, con sus matices, en que la norma 29 tenía carácter electorero, que era sólo para beneficiar políticamente al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y no para rescatar y desarrollar a los mercados públicos, además de que se le aprobaba por fast track y sin mayor debate ni diagnóstico.

Por su parte, los diputados del PRD, encabezados en ese debate por Aleida Alavez, resaltaron la importancia de dicha normatividad, pues era parte, dijeron, de la deuda que se tenía con los mercados públicos de esta capital.

Incluso, en el pleno se le hicieron algunas modificaciones respecto al documento enviado por el GDF: se eliminó la mención de los 3 años de vigencia que tendría la norma, así como la excepción para la aplicación de esta normatividad a negocios menores de los 100 metros cuadrados.