El Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analice el caso de Héctor Galindo, ex preso político de San Salvador Atenco, quien estuvo cuatro años recluido injustamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y determine la indemnización y emita medidas cautelares que correspondan, pues el abogado, al cual se le sigue otro proceso, es víctima de actos de intimidación.

En conferencia de prensa, Rebeca Ramos Duarte, coordinadora general del CJDH, detalló que la solicitud fue presentada el 27 de diciembre y añadió y que existen muchas posibilidades que sea admitida. Añadió que al centro jurídico le preocupan particularmente dos aspectos: lograr que se hagan cambios legales para que se elimine la figura de secuestro equiparado, pues se ha utilizado para criminalizar la protesta social, y que se establezcan mecanismos legales para que cuando se comentan errores judiciales haya forma de reparar el daño y exigir disculpas públicas.

Héctor Galindo señaló que lo que se espera al presentar el caso ante la CIDH es que se emita una recomendación al Estado mexicano, en la que lo exhorte a realizar una reparación integral de los daños, lo cual implica una cuestión económica, pero también la no repetición de los actos y a que se disculpe, porque esos cuatro años en el Altiplano no sólo los perdí yo, sino también mi familia, que tuvo que dejar de lado su proyecto de vida por dar seguimiento a mi situación.

El litigante –quien era abogado del Frente en Defensa de la Tierra– también hizo hincapié en que urge que se establezcan medidas cautelares. Me han seguido hostigando; me han querido volver a detener, pues fueron varios procesos; en uno por secuestro equiparado me sentenciaron y recluyeron, pero finalmente salí absuelto, pero el otro es por ataque a las vías de comunicación, por lo que pasó los días 3 y 4 de mayo de 2006 en la carretera Lechería-Texcoco.

Precisó que de los 200 detenidos de ese día, el único que está en proceso soy yo, y por el ilícito que me imputan son hasta 40 años, no alcanzaría fianza; por eso también pedimos que se anule el proceso, pues estuvo viciado.

Añadió que las intimidaciones son seguimiento personal, intervención telefónica y a veces hay carros estacionados frente a mi casa tomando fotos; nos han dicho que puede ser seguimiento del Cisen.

Ramos Duarte apuntó que el centro está pendiente de que la CIDH emita el informe de admisibilidad y posteriormente haga las recomendaciones al Estado mexicano. Destacó que si México no cumple esas recomendaciones el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.