La Cámara de Diputados rechazó una reforma que el Partido Acción Nacional (PAN) pretendía aplicar a la Ley de Inversión Extranjera para que ciudadanos de otros países pudieran explorar y explotar minas y aguas sin obtener permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero derogó los artículos de la Ley Federal de Derechos que los obligaban a pagar derechos por la compra de bienes inmuebles y el dominio de aguas y tierras en el país.

Además, la cámara transfirió a la Secretaría de Economía la facultad que tenía la SRE, de autorizar el uso de las razones sociales para la constitución de sociedades, con el argumento de que esa atribución de la cancillería ya no se justifica, porque se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial para evitar la constitución de empresas vinculadas con países con los cuales se estuviera en conflicto.

Desde la tribuna, el diputado perredista José Narro Céspedes argumentó que suprimir la solicitud de adquisición de bienes o explotación de minas y aguas, como planteó la empresaria del calzado y diputada panista Norma Sánchez Romero, constituiría una violación al artículo 27 constitucional, como –recordó– ya ocurre con la entrega de los energéticos a trasnacionales.

El legislador recordó que en su iniciativa, Sánchez Romero propuso derogar el artículo 10 A de la Ley de Inversión Extranjera, para que el permiso expedido por la SRE para la compra de bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para explorar y explotar minas y aguas se sustituyera por un aviso administrativo.

Ante el reclamo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN consideraron inadecuado suprimir dicho artículo, porque éste reproduce mandamientos incluidos en el artículo 27 de la Constitución, por lo que su modificación llevaría sesgos de inconstitucionalidad.

Narro Céspedes resaltó que aun cuando no se aceptó eliminar el requisito, el hecho de conceder que no paguen derechos por la explotación de bienes minerales y acuíferos nacionales, constituye una puerta más para que las empresas extranjeras sigan saqueando al país y la manera como ponemos a México ante el mejor postor. En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) somos promotores de la inversión privada, pero debemos imponer mecanismos de control.

También cuestionó que se transfiriera a la Secretaría de Economía la decisión de aprobar la constitución de nuevas empresas, porque si bien en el siglo pasado se cuidó que las compañías no se relacionaran con países enemigos, debe mantenerse el requisito, no porque el mundo esté en guerra, sino por la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la trata de personas y el contrabando de mercancías.

Durante la sesión ordinaria de ayer, también se discutió la decisión de la titular de Turismo, Gloria Guevara Manzo, de hacer itinerante el tianguis turístico de Acapulco, Guerrero, y cuestionaron la postura del presidente Felipe Calderón de que ese acto sólo regresaría cuando se garantice la seguridad del puerto.

En la discusión, el perredista Emilio Serrano afirmó que con ello la funcionaria no sólo dio una cachetada, sino una puñalada por la espalda a Acapulco y sus habitantes.

Al inicio de la sesión, los diputados Valentina Díaz de Rivera (PAN) y Gerardo Fernández Noroña (PT) continuaron con su riña iniciada el martes. El petista afirmó que le regalaría a la panista un ramo de flores cada vez que ella le diga una majadería.

Díaz de Rivera reviró: Esto no se arregla con un ramo de flores, que no soy yo la ofendida. El ofendido es el pueblo de México, porque con gente como usted no pueden avanzar las sesiones ni aprobar las reformas que tanto necesita el país. Porque es un porro y reitero cada una de mis palabras que dije ayer (martes). La panista se negó a recibir el ramo que el petista pretendió entregarle por la fuerza y las flores quedaron tiradas en el salón de sesiones.