La Secretaría de la Función Pública (SFP) actuó con dolo, negligencia y mala fe, al no conservar en sus archivos copia de la indagatoria de la evolución patrimonial del ex presidente Vicente Fox, por lo cual el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) resolvió ayer denunciar a esa dependencia ante el órgano interno de control que designe Presidencia de la República, para que investigue a los responsables de la omisión.

La instrucción se dio luego que, en respuesta a una solicitud de información hecha en 2010 por La Jornada, la SFP declaró la inexistencia de la indagatoria. Tal declaratoria fue avalada este miércoles por el pleno del Ifai, con el voto disidente de la comisionada María Elena Pérez-Jaén.

Sobre la actuación de la SFP, la comisionada ponente del recurso 697/11, María Marván, dijo que un día antes de que venciera el plazo de entrega de la investigación, el 31 de enero pasado, la SFP proporcionó la totalidad de los autos del expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), sin que se quedara con una sola copia ni impresa ni electrónica.

En este caso, subrayó Marván, se actualizan las causas de responsabilidad administrativa que indica el artículo 63 de la ley (de transparencia), toda vez que se presume que la Función Pública actuó con negligencia, dolo o mala fe.

Según Marván, la SFP –por ley, garante de la transparencia e integridad de la función pública– violó diversos procedimietos y normas, incluyendo la Ley Federal de Transparencia que ordena a las dependencias federales conservar en sus archivos, por un periodo igual al de la reserva, los documentos oficiales que les soliciten.

La SFP inició la indagatoria de la evolución patrimonial de Fox en 2007 y la tuvo en reserva tres años, luego que se pidió en dos ocasiones. El Ifai avaló la última reserva en 2009, tras advertir que tendría que ser pública a partir del 11 de noviembre de 2010.

Este diario pidió el expediente el 18 de noviembre de 2010; para entonces, la SFP lo tenía, pero en lugar de entregar una copia, el 16 de diciembre pidió una prórroga que se amplió hasta el primero de febrero pasado, y luego respondió que era inexistente la indagatoria, pues un día antes la entregó a la PGR.

Pérez-Jaén subrayó que deben existir archivos electrónicos de las declaraciones.