Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido contra la Delincuencia denunció este miércoles, en conferencia de prensa, que al interior de esa organización civil operan grupos de poder que afectan la credibilidad de la misma, y sostuvo que existen irregularidades financieras y falta de rendición de cuentas de los recursos que obtiene el organismo civil.

Durante más de una hora Gallo explicó las razones por las que él y ocho miembros de su consejo directivo renunciaron el pasado 16 de marzo a México Unido contra la Delincuencia, que actualmente dirige Josefina Nava. El punto es que no podemos pedir que se acabe la corrupción si no dejamos de ser parte de ella, dijo el activista.

Añadió que cuando estuvo al frente de esa organización varios de los miembros del consejo consultivo se opusieron –sin éxito– a que México Unido diera su respaldo a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, por las presuntas violaciones procesales de las que fue objeto.

Nosotros, con la valoración de abogados, dimos el aval a (las denuncias de) las violaciones a las garantías constitucionales que afectaron el debido proceso y el derecho a una legítima defensa de esta ciudadana francesa acusada de secuestro. Sin embargo, algunos de estos grupos de poder internos se opusieron a este respaldo, con el argumento de que sería un golpe a la administración del presidente (Felipe) Calderón, y eso afectaría la recaudación de las aportaciones mensuales de la organización, expuso Gallo.

Otra cuestión irregular que planteó el activista ocurrió cuando Gallo asumió la dirección del organismo no gubernamental, en julio de 2010. Su antecesora, Ana Franco, sólo dejó 600 mil pesos para enfrentar un déficit de varios millones, a pesar de que meses antes Franco había recibido un donativo gubernamental por casi 4 millones de pesos.

Mis antecesores tampoco justificaron una nómina laboral y de asesores de más de 300 mil pesos mensuales, cuando sólo se obtenían donativos anuales del orden de 75 mil mensuales, por lo que nos vimos obligados a prescindir de 50 por ciento del personal, reveló.

Respecto de los grupos de poder, Gallo explicó que se trata de varios consejeros –cuyos nombres no reveló– que pretenden supeditar los intereses económicos por encima del compromiso social, a fin de que sigan fluyendo los donativos.