Con candados, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en comisiones unidas reformas legales con las que se faculta a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo en la capital.

Después de ocho meses de estar detenidas, los asambleístas dieron luz verde a las modificaciones a las leyes de Salud y Orgánica del Tribunal Superior de Justicia local para que haya coordinación con el gobierno federal en las acciones de prevención para las adicciones y que los juzgados penales y de justicia para adolescentes atiendan este tipo de ilícitos, con dos condicionantes.

Una es que el Congreso de la Unión apruebe las reformas a la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y la otra es que la Federación entregue los recursos al gobierno de la ciudad para atender los delitos de narcomenudeo.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Maricela Contreras, explicó que con ello se da cumplimiento a un mandato federal para todos los estados, incluido el Distrito Federal, que se había detenido, porque involucraba reformas a la ley de la procuraduría capitalina, para lo cual no están facultados.

Hubo un acuerdo para retirar esa reforma y analizar sólo los temas que nos competen, refirió, y señaló que se trató de matizar las disposiciones para no criminalizar a los consumidores de droga, que no necesariamente son narcomenudistas.

Como parte de las modificaciones, se adicionó un párrafo al artículo 51 de la Ley de Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que plantea que los juzgados penales y de justicia para adolescentes conocerán de los delitos en materia de este delito.

A la Ley de Salud se reforman las fracciones II, VII y VII del artículo 83, en las que se plantea que el gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizará diversas acciones para la ejecución de sus obligaciones en materia de adicciones, especialmente tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia.

Se propone, además, impulsar medidas en materia de educación e información de carácter preventivo de las adicciones y de los daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y sicotrópicos, dirigidas particularmente a niños, jóvenes y mujeres.

Se señala también la coordinación con la Secretaría de Salud federal para el desarrollo de acciones contra las adicciones y de ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la dependencia de estupefacientes.