Diputados de las bancadas del PRI y PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se pronunciaron ayer por eliminar el carácter de universalidad que tiene el programa de pensión alimentaria que otorga el gobierno capitalino a las personas de 68 años y mayores, residentes en esta ciudad, ya que hay beneficiarios que no necesitan los 897 pesos que se les otorgan mensualmente.

En el contexto de la comparecencia de la directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAMDF), Rosa Icela Rodríguez, el priísta Cristian Vargas y el panista Carlo Fabián Pizano consideraron que dicho esquema de apoyo –plasmado hoy en ley– deberá ser focalizado hacia los grupos sociales de esta capital que sufren los más altos índices de pobreza, y no entregarse a todos los adultos mayores por igual, por lo que consideraron necesario revisar y reformar el marco jurídico que lo regula.

Incluso, Cristian Vargas –sin aportar alguna prueba de por medio– remarcó: hay mujeres de Las Lomas que reciben esa tarjeta, y cuestionó que por el contrario hay adultos mayores de la zona de Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero, que viven en la total marginación y no tienen acceso a la tarjeta de pensión alimentaria.

Por ello, y en coincidencia con Pizano, pidieron que se elimine la universalidad de dicho estímulo económico, pues beneficia a los que más tienen, en detrimento de los más desprotegidos, quienes deberían ser los únicos en recibir los 897 pesos mensuales.

Frente a esos planteamientos, Rosa Icela Rodríguez se pronunció en contra de la eliminación de la universalidad de esta prestación y propuso la realización de foros o mesas de trabajo para analizarlo.

La titular del IAAMDF enfrentó los cuestionamientos de los legisladores de oposición, quienes citaron el caso de Pedro Mondragón Valdés, quien murió hace tres años y según los legisladores continuaba recibiendo el apoyo económico. A ello, la funcionaria precisó que en el padrón actualizado hasta abril de este año no se encuentra ningún beneficiario con dicho nombre.

Y en cuanto a la entrega masiva de tarjetas con fines políticos, rechazó que se haya incurrido en tal acción.

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez resaltó el reconocimiento que ha tenido el programa de pensión alimentaria por parte de investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como un mecanismo de justicia social.

En nombre de la bancada del PRD, la diputada Abril Trujillo reconoció el trabajo del instituto por el aumento de los derechohabientes, y se comprometió a que la ALDF vigile y defienda los derechos de los adultos mayores.

Juan José Larios, también del PRD, dijo que la creación del IAAMDF garantiza una política clara en beneficio de este sector vulnerable, y resaltó que mientras a nivel federal hubo modificaciones a la Ley del ISSSTE y del IMSS en contra de los adultos mayores, en la ciudad de México se crea un instituto y se hace ley la pensión alimentaria.