La segunda iniciativa anticorrupción del presidente Felipe Calderón fue aprobada ayer en el Senado. Se trata de modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para autorizar las denuncias anónimas contra funcionarios de todos los niveles de la administración pública, y por las que incluso se entregarán estímulos y recompensas.

Además, con estos cambios se endurecen las sanciones por faltas administrativas y se impone la inhabilitación de uno a diez años por actos que impliquen beneficio o lucro por un monto que no exceda de 200 veces el salario mínimo general vigente en el DF, y de 10 a 20 años si excede dicho límite.

Se detalla en la reforma que en los casos de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución, y se establece la reducción de la sanción como un mecanismo que aliente a los servidores públicos a admitir su responsabilidad y a proporcionar información que permita acreditar la responsabilidad de otros servidores públicos.

Esto último, se precisa, procederá siempre que no se hubieran producido beneficios o lucro o no hubieran causado daños o perjuicios, o bien cuando se realicen acciones tendientes a resarcirlos.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT, manifestó en tribuna que como abogado, como legislador, como político, tengo dudas de si habrá de dar resultado la denuncia anónima con el incentivo económico.

Abundó el petista que esta práctica no hace más que alimentar esa persistente e inconveniente práctica de ampliar más el mosaico de leyes secundarias que constituyen el marco normativo de nuestro país, dejando a un lado la mayoría de las causas y las raíces estructurales del problema que se pretende combatir.

También en tribuna el senador panista Ricardo García Cervantes apuntó: No será incrementando las sanciones, creando procedimientos, recibiendo las denuncias anónimas y estableciendo los incentivos para la aplicación de sanciones administrativas como puedan cumplirse las responsabilidades que tiene el Estado mexicano frente a los instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El panista advirtió que esta asamblea tiene que tener presente que no podrá ser ni honesto ni franco ni sincero el combate a la corrupción si no se abordan, primero, los aspectos de la impunidad. Puede haber un incremento a las multas, sanciones de inhabilitación, que son recurribles en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero si no van acompañadas de la denuncia penal, del conocimiento del Poder Judicial para la aplicación de las sanciones correspondientes a la comisión de delitos, esto puede ser simplemente una simulación.