San Cristóbal de Las Casas, Chis., 12 de abril. El conflicto no resuelto en San Sebastián Bachajón (Chilón) no se debe, como han dado a entender las versiones oficiales, a una presunta disputa por las cascadas de Agua Azul, sino a la eventual imposición a las comunidades indígenas de un ambicioso proyecto carretero y ecoturístico en Los Altos y la zona norte del estado.

Como parte del clima hostil a la otra campaña en San Sebastián, la diputada local, ex secretaria de Gobierno y dirigente priísta Arely Madrid Tovilla declaró este lunes: Hay que defender contra lo que sea y como sea al centro ecoturístico Agua Azul, y se legislará en este sentido, de ser necesario.

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal adelantó que la legislatura local podría intervenir en el momento en que consideren necesario hacer un acuerdo o iniciativa por el Congreso para preservar esos espacios, que ya anticipadamente (sic) están reservados como patrimonio de nuestro estado y de la nación.

La diputada dijo algo que es sabido: que las cascadas de Agua Azul son un baluarte turístico y una de las principales bellezas naturales de Chiapas. Sostuvo que los diputados locales conocen perfectamente la situación que prevalece en este sitio, aunque no están autorizados para intervenir a menos que así se les indique. Esto, sin precisar quién les indicaría intervenir a los legisladores.

Lo que ni ella ni nadie más precisa es que no existe ninguna disputa por el balneario, administrado durante décadas por los ejidatarios de Agua Azul (municipio de Tumbalá). El lugar cuenta con buena infraestructura, habitual respaldo gubernamental y siempre ha tenido una caseta de cobro en su acceso, a cargo de los propios ejidatarios turísticos, como se les considera formalmente.

El conflicto que aqueja al vecino ejido de San Sebastián no tiene que ver con lo anterior. Durante años, centenares de miles de turistas que visitan el paraje año con año lo hacen a través de las tierras de San Sebastián, a cuyos pobladores les fue impuesta esa carretera de acceso, por la cual cobran los vecinos, beneficiarios además del balneario mismo.

Cuando el ejido de San Sebastián se adhirió a la otra campaña, determinó desarrollar prácticas autónomas y se coordinó (como otras comunidades indígenas de la otra campaña en Chiapas) con las juntas de buen gobierno del EZLN. Uno de sus proyectos fue establecer una segunda caseta, gravando el uso de su territorio para el acceso de visitantes a las espectaculares cascadas, pues la carretera de 4 kilómetros que conduce al balneario, que está en su territorio, sólo sirve para eso, y para el tránsito de la población local, que no paga en ninguna caseta.

Desde entonces, los ejidatarios del PRI, o bien oficialistas (PVEM, PAN y PRD) de Agua Azul y San Sebastián, y los gobiernos municipales de Chilón y Tumbalá, han realizado o solapado diversas agresiones, no para retirar la nueva caseta, sino para apropiarse de ella, y no para repartir los ingresos entre todos los ejidatarios, sino para concentrarlos en unas cuantas manos. Hoy está todo en manos de la secretaría estatal de Hacienda. Otro espacio que se ha disputado es la mina de arena del ejido, repetidamente invadida por los oficialistas, siempre con el respaldo de la Secretaría de Gobierno y policías municipales, estatales y federales.

El Ejército Mexicano tiene una posición fija en Xanil, dentro de San Sebastián, y es en dicha comunidad donde se orquestan acciones contra los ejidatarios de la otra campaña e incluso las bases de apoyo zapatistas de la región autónoma San José en Rebeldía, parte del municipio zapatista Comandanta Ramona, perteneciente al caracol de Morelia.

El trasfondo del asunto va más lejos. Los gobiernos federal y estatal tienen el proyecto, hasta ahora trunco, de construir una autopista privada, de cuota, entre San Cristóbal y Palenque, para detonar el turismo, y que tiene en Agua Azul, junto con la zona arqueológica de Palenque, sus dos joyas. Los ejidatarios de la otra campaña en diversas comunidades de la región, como Jotolá y Mitzitón, se resisten a estas obras que, argumentan, destruirán tierras, manantiales y espacios comunitarios. Por esto es el conflicto, no por el balneario.