Un juez de distrito acordó que debido a que ya concluyó el proceso federal de primera instancia abierto contra el pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, con una sentencia de 13 años de prisión, las autoridades penitenciarias dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal están facultadas para realizar nuevos exámenes médicos al condenado y actualizar su perfil sicológico, con la finalidad de que si se le demuestra un perfil de alta peligrosidad, pueda ser enviado a un penal de máxima seguridad, revelaron a La Jornada fuentes judiciales.

Desde que llegó extraditado de Estados Unidos a México, en 2006, Succar ha sido cambiado en dos ocasiones de reclusorio. Hace cinco años fue enviado de una cárcel municipal en Cancún, Quintana Roo, al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el estado de México.

El año pasado, después de dos resoluciones judiciales, Succar fue regresado a la cárcel municipal de Cancún, donde actualmente se encuentra recluido.

No fueron pocas las ocasiones en que funcionarios de la SSP) federal se opusieron a que El Johnny fuera enviado del penal de máxima seguridad del Altiplano al centro penitenciario de Cancún, aunque dos resoluciones judiciales que ordenaron que debía estar preso en el estado de Quintana Roo durante el tiempo que durara su proceso penal por el delito federal de pornografía infantil, terminaron por obligar a las autoridades a realizar su traslado el año pasado.

Ahora, la SSP federal vuelve a tener en sus manos la posibilidad de regresar al pederasta a un penal federal, aunque para ello debe aplicarle nuevos exámenes sicológicos y de personalidad.

En marzo pasado, un juez federal con sede en Cancún condenó a 13 años, un mes y 15 días de prisión a este empresario de origen libanés, tras ser hallado culpable de los delitos de pornografía infantil y tráfico de menores.

Alfonso Gabriel García Lanz, juez segundo de distrito en Quintana Roo, emitió una sentencia condenatoria contra el pederasta, a quien también le impuso el pago de una multa de 85 mil 837 pesos, equivalentes a 2 mil 725 días de salario mínimo.

El juzgador también condenó al empresario a pagar 350 mil pesos por concepto de reparación del daño moral a cada uno de los siete menores de edad que fueron sus víctimas –seis niñas y un niño–, por lo que en total El Jhonny deberá cubrir un monto de 2 millones 450 mil pesos.

El impartidor de justicia negó el beneficio de sustituir su pena de prisión por otro tipo de castigo, como jornadas de trabajo o pago de una multa adicional; igualmente, rechazó concederle el beneficio de la compurgación de la condena.