Montevideo, 12 de abril. La Cámara de Senadores uruguaya aprobó esta noche un proyecto que deja sin efecto una ley que evitó juicios por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985), una norma que había sido ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años y que fue criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La anulación de la polémica ley de amnistía fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra, tras más de 12 horas de áspero debate y diferencias dentro del oficialismo, se informó al cierre de esta edición.

El senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero, anunció que votaría la iniciativa por disciplina partidaria y que luego renunciaría a su banca, mientras que el disidente Jorge Saravia justificó su voto en contra al afirmar que el proyecto de ley es un disparate jurídico que además implica pasar por encima del derecho ciudadano.

Ignora voluntad ciudadana

El principal argumento de los legisladores contrarios a la anulación de la ley, al igual que por la oposición, fue que implica ignorar la voluntad de la ciudadanía, que en dos oportunidades ratificó la norma.

Los partidos Nacional y Colorado, que en 1986 impulsaron la ley, rechazaron la anulación, al igual que el Partido Independiente.

En 1989, en un primer referendo sobre la denominada Ley de Caducidad, 56 por ciento de los votantes se pronunció a favor de mantener su vigencia. Veinte años más tarde, en octubre de 2009, una nueva iniciativa para anular la norma recibió una adhesión de 4 por ciento, cuando necesitaba más de 50 por ciento para su aprobación.

La Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados, fue aprobada en diciembre de 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuando desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambas dictaduras en el Plan Cóndor.

Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios por derechos humanos y desde entonces aproximadamente una decena de personas –incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry– han sido condenadas a prisión.