El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló una propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, que impone rigurosas medidas para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), en una acción que incluirá la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, con el propósito de prevenir y detectar actos de corrupción que puedan derivar en el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

El pleno del CJF –integrado por seis consejeros y el presidente de la Corte– aprobó el acuerdo 10/2011, mediante el que se determinó poner en marcha medidas de revisión y fiscalización para dar seguimiento a la situación financiera de todos los servidores públicos que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, informó en un comunicado el órgano administrativo y disciplinario del PJF.

Es la primera ocasión en que la cúpula del Poder Judicial Federal toma medidas de esta índole para evitar el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios, práctica que es difícil demostrar en los hechos, pero que ha sido un secreto a voces entre abogados que todos los días litigan en los más de 600 tribunales y juzgados federales habilitados en el país.

Hay varias quejas en el CJF contra jueces y magistrados que han sido acusados de corrupción, ya sea por recibir dinero o canonjías de algún despacho involucrado en un litigio, o por pedir dinero a cambio de solucionar un problema judicial. Pero la verdad es que se trata de acusaciones difíciles de comprobar por las partes acusadoras, porque aunque muchos han sido testigos de algún acto de extorsión o cohecho, no todos presentan las pruebas que lo demuestren, dijo a La Jornada un importante funcionario de la Judicatura Federal que pidió el anonimato.

Las medidas adoptadas por los consejeros contemplan, en caso de ser necesario, la revisión del patrimonio y situación bancaria de los juzgadores del PJF de parte de los consejeros y del ministro presidente del CJF y de la SCJN.

La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos, además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar, refirió el CJF.

Los consejeros argumentaron que estas medidas de fiscalización son muestra de la adhesión y solidaridad (del PJF) al programa de acciones tendentes a lograr la seguridad nacional que se requiere en el país.

Según el comunicado, estas medidas implican también un ejercicio de transparencia necesaria para brindar a la ciudadanía confianza en el actuar de los juzgadores federales, dada la alta responsabilidad que implica la función de impartición de justicia.

Tanto el ministro presidente de la Corte como los seis consejeros de la Judicatura Federal acordaron que bastará que el contralor del PJF dé aviso al pleno del CJF –sin que se requiera someter ese punto a votación– para iniciar una fiscalización específica contra algún juzgador.

El CJF añadió que las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del PJF.

En todo caso la información recabada será confidencial y calificada como reservada, para efectos de impedir que sea abierta al público mediante las vías que la ley de transparencia indica.

Cuando el contralor o los consejeros de la judicatura consideren que de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público del PJF “se advierta la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda, para que proceda en el ámbito de su competencia.

En su caso, el pleno del consejo ordenará dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Función Pública, según corresponda, destaca el comunicado.

Las medidas de este acuerdo entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, lo que aún no ha ocurrido.