l punto es cómo podría pararse la espiral de la violencia.

Dirigirse a los criminales, exigiéndoles un código de respeto hacia los ciudadanos, pareciera ir contra la lógica misma de la escalada de violencia, pues el terror se funda en su irracionalidad para ser efectivo.

El uso de la palabra pacto se hace complejo entre la confusión y el agotamiento de los fundamentos de esta guerra que se hizo supuestamente para defender a los ciudadanos; que lleva cerca de 40 mil muertos; que no tiene fondo y ha significado el más escandaloso proceso de violación de derechos humanos y garantías individuales, proceso de militarización ascendente y una deformación del gasto gubernamental.

El asesinato del hijo de Javier Sicilia marca un punto de inflexión y un aspecto nuevo de movilización contra la violencia, pues muchos de los asistentes opinaron que, aunque no eran comparables con las movilizaciones que convocan partidos y candidatos, fueron marchas cualitativamente distintas a las del sistema clientelar que caracteriza el comportamiento electoral mexicano, basado en la utilización del presupuesto y en sobreponer los derechos de los partidos a los de los ciudadanos.

En estas movilizaciones, marcadas por la indignación, la solidaridad y el hartazgo, se pusieron en jaque muchas cosas, como la naturaleza misma de la guerra y si todos los muertos ejecutados son criminales, por la forma de morir.

Se dice, teóricamente, que el Estado tiene la facultad del uso de la violencia legal contra quienes ponen en riesgo la seguridad general y la estabilidad. Sin embargo, pareciera que desde su inicio el gobierno se hubiera propuesto eliminar 50 mil delincuentes (es un supuesto), pues si para los ciudadanos los 37 mil que han ocurrido han generado un clima de terror, para el gobierno de Felipe Calderón y sus mandos el número de muertos es la prueba de que van ganando la guerra.

En el ínterin de estos cuatro años se cruzó el nuevo papel que México juega hoy, como paso de la migración del sur hacia el norte, exactamente en el sentido y las rutas por donde se mueve la droga hacia Estados Unidos. En sentido inverso, esas mismas rutas se convirtieron en los canales para el tráfico de armas, ligado a la esencia del militarismo estadunidense que nos ve como clientes de sus armas, más que como víctimas de la violencia o como un peligro para su seguridad interna.

Antes de la guerra, hubo reformas al sistema judicial, desde 1996, que crearon figuras como la de los arraigados, que suman miles en esa condición de limbo jurídico; los testigos protegidos, los infiltrados y los cuerpos de élite. En ese proceso, la propaganda oficial nos anuncia policías nuevos, con uso de alta tecnología y, por otra parte, llegan las noticias constantes de policías involucrados con las bandas criminales y delitos como el secuestro, el robo y el tráfico. La seguridad que ofrece el gobierno se basa en haber involucrado al Ejército Mexicano en las tareas policiales, así como la colocación de militares en cuerpos de seguridad pública civil.

Pareciera que, así como una mano invisible mueve los mercados y las leyes de la oferta y la demanda, otra mano sin rostro elimina diariamente a decenas de delincuentes, calificados así por su forma de morir y que, según las versiones oficiales, fueron víctimas de otros delincuentes a manera de justificación y absolución de facto. ¿Podría el sistema judicial haber procesado y encarcelado a los 37 mil ejecutados?

Cuando Javier Sicilia plantea un pacto pone en duda esta lógica impuesta por el gobierno, que ha tenido como virtud para ellos generar apatía y desmovilización social. Esta lógica fue construyendo a los nuevos interlocutores de la seguridad ciudadana, que se han incorporado a la clase política con un perfil crítico, pero que ya son parte de la versión oficial. Es claro que frente al reto que tiró Alejandro Martí, pidiéndoles que si no podían renunciaran, no han podido, pero tampoco han renunciado ¿Por qué? Simplemente porque el número de muertos es la prueba que presentan de que sí han podido desde su lógica y que van por más, aunque esto constituya una violación gigantesca a la legalidad y los derechos humanos.

Bajo estos objetivos surgieron desde los cuerpos de seguridad del gobierno y del Estado, el paramilitarismo y la ejecución como método de limpieza. El procedimiento convirtió a muchos oficiales y policías en ejecutores, en criminales con patente de corso en tareas de limpieza, pero esa espiral ha creado situaciones fuera de control y códigos de protección entre fuerzas gubernamentales. Un efecto de esta espiral es que hoy existe un alto porcentaje de ciudadanos que, sin valorar las implicaciones, avalan la política de ejecuciones extrajudiciales, confundiendo la impartición de justicia con el método de venganza. A los que han actuado y pensado así –se interpreta– Javier Sicilia los convoca a reflexionar y pactar.

Más cosas se sabrán con el tiempo, como en todas las guerras sucias. El problema es cuando la lucha contra el terror desde el gobierno genera más terror.

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