Ayer al mediodía comenzó la demolición del edificio que albergaría una plaza comercial, localizado en el número 571 de aveni- da de Las Fuentes, colonia Jardines del Pedregal.

La obra, que llevaba 70 por ciento de avance en su construcción, fue derribada por violar usos de suelo y por haber presentado documentación apócrifa.

El hecho sentó un precedente para las desarrolladoras que han incumplido con las normas o falsificado documentación para edificar construcciones en la ciudad de México.

Este es el primer caso que ocurre en la delegación Álvaro Obregón, señaló el titular de la demarcación, Eduardo Santillán.

En entrevista, el funcionario explicó que esa edificación es uno de los proyectos que estaban bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por haber presentado un certificado apócrifo de derechos adquiridos, el cual fue utilizado para tramitar los permisos e iniciar las obras de la plaza comercial.

Mediante un trabajo de inteligencia administrativa que realizaron diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal, se logró comprobar una serie de actos ilícitos y ahora estamos en el proceso de demolición, expuso Santillán.

El inmueble de tres niveles, con más de mil 600 metros de obra, es una de las 12 construcciones que la PGJDF ubicó en la citada demarcación y que operaban con documentos falsos. Las 11 restantes siguen marcadas como focos rojos para la delegación, y el proceso de investigación continúa.

Además se informó que los directores responsables de obra quedaron bajo proceso de investigación judicial, pues en ellos recae la responsabilidad de todos los trámites que se realizan en las obras.

Según los antecedentes, en el predio se tenía previsto edificar un centro comercial, para lo cual los propietarios presentaron, por medio de un gestor, una manifestación de construcción y documentación que se sospechó era apócrifa.

Por ello, la delegación solicitó la validación del uso de suelo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ordenó la verificación administrativa de la construcción.

Como resultado, la obra fue clausurada, porque presentaba diversas irregularidades en su documentación, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa.

Para llegar al procedimiento de demolición intervinieron la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, entre otras dependencias.