En el contexto del 92 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, una docena de organizaciones campesinas acordaron crear el Frente nacional contra el hambre, la pobreza, la inseguridad y la violencia.

Enarbolando los ideales del Caudillo del Sur, las organizaciones asentaron que continuarán la lucha para que las políticas públicas se traduzcan en beneficio para los más de 5 millones de campesinos, terminar con el saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales y lograr incorporar a la Constitución el derecho a la alimentación.

A los legisladores les pidieron aceptar que los tratados comerciales, en particular el firmado con Estados Unidos y Canadá, han generado dependencia alimentaria y perjudicado a la mayoría de los productores, por lo que les demandaron tomar acciones para que los agricultores accedan a créditos a tasas preferenciales, tecnología y legislen en favor del agro, y con ello lograr que los jóvenes se interesen por la producción de alimentos.

De su lado, integrantes de las organizaciones Semillas de Vida, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Asociación Guerreros Verdes demandaron al presidente Felipe Calderón emita un decreto para prohibir la liberación para la siembra de maíz transgénico.

Para México el maíz es el principal alimento y para las corporaciones extranjeras una fuente que les asegura ganancias, pues es un cultivo sobresaliente por su capacidad de adaptación al cambio climático y es utilizado para elaborar múltiples productos industriales. Advirtieron que la liberación masiva de transgénicos, acelerada por intereses de lucro, puede tener consecuencias irreversibles en el ambiente y negativas para el país.

Dirigentes campesinos y de organizaciones sociales contra la siembra de maíz transgénico insistieron en que el campo requiere otro modelo agroalimentario, en el que se revalore la agricultura campesina y acciones para preservar la diversidad biocultural. No se trata sólo de presentar programas, como el de modernización de agricultura sustentable, con el cual se pretende abatir, en una década, las importaciones de maíz y elevar la producción de trigo.

José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares; Rafael Galindo Jaime, de la Central Campesina Independiente, y Gerardo Sánchez García, de la Confederación Nacional Campesina, sostuvieron que los responsables de la política agropecuaria no se han puesto las pilas para resolver, en la práctica, los problemas del campo y las demandas de educación, empleo, salud y seguridad, entre otras.

En entrevistas por separado, asentaron que anuncian programas cuyos recursos son pocos frente a los objetivos y sin puntualizar los mecanismos de aplicación. Comentaron que se instalaron mesas de trabajo con diputados y senadores para acordar una dinámica de trabajo que se traduzca en políticas que beneficien a los labriegos y apuntalen el movimiento campesino.

Esta semana, los integrantes del frente acordarán con los senadores y las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público el impulso de cinco medidas emergentes para garantizar la producción, distribución y comercialización de alimentos. También aceptaron el compromiso de intervenir para que el pago de Procampo se cubra a más tardar el 30 de abril y garantizar la compra consolidada de fertilizantes, entre otras medidas.