La Policía Federal (PF) efectuó el año pasado 17 operativos y 260 servicios de búsqueda y rastreo de artefactos explosivos en los estados de Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo, consignó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), el cual ratificó como confidencial la clasificación del número de elementos especializados a dicha actividad en el órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Dar a conocer el número de elementos de la Dirección General de Explosivos daría cuenta de la capacidad operativa de la misma, en tanto que dicha unidad desarrolla actividades de operación y logística para garantizar la seguridad pública, indicó la PF al detallar las razones de dicha clasificación.

Además, alegó que de hacerse del dominio público tal información podría efectuarse algún ataque en contra de la dependencia, en virtud de que no pasan desapercibidas las agresiones que ya se han registrado en contra de elementos y altos funcionarios de la SSP, según la resolución 922/11, cuya ponencia corrió a cargo de la comisionada María Marván.

La PF detalló que cuenta con una unidad especializada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para responder con oportunidad y rapidez en caso de una situación emergencia en la terminal aérea.

La PF dio la información en respuesta a una solicitud que motivó la queja de un ciudadano ante el Ifai, porque la Policía Federal estableció la confidencialidad sobre el número de elementos femeninos y masculinos de la División de Explosivos de Fuerzas Federales.

De los operativos realizados por la PF, junto con el Ejército Mexicano, destacan el de julio del año 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un vehículo cargado con explosivos provocó la muerte de tres personas. Según la PF, el ataque fue en represalia por la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, presunto líder operativo de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

De acuerdo con la organización británica Acción contra la Violencia Armada, México es el único país de América Latina donde se han registrado más de 10 ataques con explosivos en los pasados seis meses.