Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) expresaron su rechazo a la sustitución de un general en retiro por otro en la secretaría de Seguridad Pública de Morelos, y señalaron que se trata de un movimiento del gobernador panista Marco Antonio Adame para tratar de aminorar las críticas a su mandato por la violencia y los crímenes sin solución en la entidad.

“Lamentablemente ha sido otra estrategia asignar militares en retiro o en activo como responsables de la seguridad en los estados, pero que no han resuelto la violencia. Y además, porque ésta (la estrategia) y el altísimo número de víctimas de la ‘guerra’ de Felipe Calderón es producto de la descomposición social, de la falta de empleos para jóvenes, de la ausencia de crecimiento en la economía y de bienestar para la gente”, expresó Enrique Ibarra (PT), integrante de la Comisión de Defensa.

También, el diputado Arturo Zamora (PRI), integrante de la misma comisión, afirmó que la sola sustitución de personas en los mandos policiacos no resuelve el problema de la violencia en México.

Lo único que hace el gobernador es procurar, con este cambio, mitigar un poco el clamor que exige justicia por el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia, el hijo del escritor Javier Sicilia.

Por su parte, el diputado Mauricio Toledo (PRD) afirmó que el cambio anunciado por el gobernador Adame confirma la crítica de Javier Sicilia de que el gobierno de Felipe Calderón sólo piensa en la violencia.

Esto es, la única salida que ha encontrado para acabar con la delincuencia ha sido el Ejército, y los gobiernos panistas de los estados, también. La sustitución de un general por otro revela que no habrá cambio en la estrategia, en este caso en Morelos, y que el choque frontal entre militares y delincuentes seguirá, y los muertos también, expuso.

Enrique Ibarra abundó que aun si el mando de las policías estatales está a cargo de militares, los cuerpos de seguridad no son honestos ni profesionales, pero no sólo los de las entidades, sino también el federal.

El problema empieza con la Policía Federal, que tampoco es ajena a la corrupción y a la impunidad de sus elementos. Desde que inició su sexenio, a Calderón se le han aprobado aumentos al presupuesto de seguridad. Tan sólo en 2011, más de 130 mil millones están dedicados a las áreas de seguridad, mientras que los aumentos a la educación son inerciales, detalló.

El diputado Arturo Zamora cuestionó que Calderón pretenda justificar la permanencia del Ejército a que las policías de los estados sean profesionales, cuando la responsabilidad –indicó el priísta– no es exclusiva de los gobiernos locales, sino sobre todo del federal.

Tiene que haber una modificación de la estrategia y que se asuma la exigencia de justicia en todos los delitos que se cometen, que no corresponde únicamente a los estados. Sólo hay que recordar cómo el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública federal era de 5 mil millones al inicio del sexenio, y ahora es de casi 40 mil, pero aumentó el secuestro 87 por ciento, las muertes intencionales 31.2 por ciento y los robos violentos 32, y en todos los casos se usaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo cual los hace delitos federales, expuso.