Chetumal QR, 10 de abril. El priísta Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador Mario Villanueva Madrid –preso en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico– asumió hoy la alcaldía de Othón P. Blanco, cuya cabecera es la capital del estado.

Villanueva Tenorio, diputado local en la pasada legislatura, nombró contralora municipal a Deysi Baeza Rodríguez, cercana colaboradora del ex mandatario, capturada con él en 2001 y quien estuvo presa más de seis años en el Reclusorio Oriente del Distrito Federal, pero fue exculpada de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y nexos con el crimen organizado.

El nuevo alcalde –sucesor de Andrés Ruiz Morcillo, ahora secretario de Planeación y Desarrollo Regional del nuevo gobernador, Roberto Borge Angulo– rindió protesta hoy en la tarde para gobernar un municipio que siempre ha estado en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También tomaron posesión cinco alcaldes no priístas: en Isla Mujeres, el panista Hugo Sánchez, y los de la coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia: María Trinidad García, en Lázaro Cárdenas; Domingo Flota en José María Morelos, y Sebastián Uc, en Felipe Carrillo Puerto, además de Julián Ricalde en Benito Juárez (Cancún) que concentra 50 por ciento de los 1.3 millones de habitantes del estado.

Además de Othón P. Blanco tendrán alcaldes priístas Tulum, con Edith Mendoza; Solidaridad, donde gobernará Filiberto Martínez, y Cozumel, cuyo nuevo edil es Aurelio Joaquín González, pero su correligionario Francisco Flota se tambalea en el recién creado Bacalar, pues el Congreso del estado lo hizo presidente del concejo que toma posesión este lunes para un periodo similar al de los ayuntamientos, lo cual objetó el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo cual no se descarta que haya elecciones.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Espinosa Abuxapqui, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultado por la SCJN, definió que el periodo de dos años y medio que durará el concejo de Bacalar se debe a un vacío legal y es inconstitucional, aun cuando equivale al de los ayuntamientos y se fijó de conformidad con la reforma que sincroniza los procesos electorales federales y estatales.