La reciente presentación de una controversia constitucional contra los contratos incentivados, por cinco presidentes municipales del estado de Tabasco, es un acto legítimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá aceptar o rechazar la controversia con base en el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, considerando si los municipios tienen interés jurídico sobre el asunto, afirmó Carlos Huerta, asesor del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Lo deseable sería que la Suprema Corte de Justicia aceptara la reclamación para que se despejara cualquier duda respecto a los contratos de servicios integrales. Están en todo su derecho. Esto es parte de la vida democrática y de sus instituciones, y no hay que alarmarse por ello; disentir es un ejercicio legítimo de cualquier democracia y ellos están ejerciendo su derecho a plenitud, sostuvo.

Huerta Durán abundó: La controversia es probablemente improcedente desde el punto vista jurídico, pero soy de la idea que no debe quedar margen para la especulación, y si hay un sector importante de la sociedad que quiere aclarar sus dudas respecto a los contratos de servicios integrales que lo haga; lo más importante es que están acudiendo a las instancias legales y, en este caso, la Suprema Corte de Justicia tendrá que hacer valer su autoridad también, primero, si es aceptada la controversia, y posteriormente, si es el caso, que analice a profundidad las inquietudes o dudas que tenga cualquier persona.

Bajará la renta petrolera

A principios de este mes, cinco municipios del estado de Tabasco (Cunduacán, Xalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique) presentaron controversias constitucionales en contra del Presidente de la República y de Pemex por la publicación de la licitación pública internacional de contratos incen- tivados, que permitirán a empresas extranjeras sustituir a la paraestatal en la exploración y explotación para la producción de hidrocarburos.

Los demandantes consideraron que la renta petrolera integra la recaudación federal participable, y un porcentaje de esta recaudación le corresponde a los municipios (mediante el Fondo de Fomento Municipal, que se reparte entre todos los ayuntamientos del país).

De manera que si, como resultado de los nuevos contratos disminuyen los excedentes petroleros, también bajarán las participaciones federales que reciben estos municipios.

Como precedente, desde el 24 de noviembre de 2010 el consejero profesional Rogelio Gasca Neri, en la sesión 820 del consejo de administración de Pemex, en su voto razonado se opuso a los contratos incentivados por considerarlos inconstitucionales.

“Me preocupa sobremanera que cuando se toman en consideración todas las características del contrato propuesto –incluyendo el mecanismo de compensación, la magnitud de la remuneración en función del valor de la producción, el grado de control otorgado al contratista, la duración del contrato, la opción de participación de Pemex, el alcance de los trabajos comprendidos, el tamaño del área y las opciones de ampliación del área, entre otras–, parecería que el conjunto de dichas características es más propio de los contratos de participación en la producción o de las concesiones, ambos prohibidos por la Constitución, y no de contratos de servicios contemplados por la legislación vigente”, argumentó.

Mientras tanto, la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), encabezada por Guillermo Cruz, también comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organizó el Foro de Explotación en Campos Maduros, que comenzará este lunes y culminará el miércoles. En el encuentro participarán Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex; Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, y Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener).

Durante los tres días se contará con la participación de directivos de las empresas petroleras como Grupo Diavaz, Chevron, Cameron, ABS, Tecpetrol, Comesa, Weatherford y Cotemar, entre otras.