El empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política, asevera el Banco Mundial (BM) en su Informe sobre el desarrollo mundial 2011, que comenzó a ser difundido esta semana.

A la fecha más de mil 500 millones de personas viven afectadas por repetidos ciclos de violencia criminal y política, y radican principalmente en países donde la pobreza supera en 20 puntos porcentuales el promedio de otras naciones, asegura en el documento titulado Conflicto, seguridad y desarrollo.

Tanto la pobreza como la violencia han provocado que diversos países no hayan alcanzado aún ni uno de los ocho Objetivos del Milenio marcados por Naciones Unidos para erradicar la probleza y el hambre, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, frenar el avance del VIH-sida, alcanzar la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y garantizar el sustento del medio ambiente.

La violencia organizada responde a diversas presiones internas y externas, como desempleo juvenil, bajos ingresos, tensiones étnicas, religiosas y sociales, así como a las redes del tráfico ilegal.

Sin embargo, de todos ellos, el desempleo fue, por amplia mayoría, el factor más importante que lleva a integrar pandillas y movimientos rebeldes, revelan las encuestas ciudadanas que realizó el BM para incluirlas en su investigación.

Según Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, actividades militares y desarrollo transitan por caminos separados, por lo que romper la violencia implica crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que ofrezcan seguridad, justicia y empleos. Más aún porque se corre el riesgo de que la violencia se extienda a otros estados y partes del mundo y menoscabe las perspectivas de desarrollo.

Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con falta de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales, lo que según el organismo ha quedado demostrado con los recientes disturbios en Medio Oriente y el Norte de África.

Si bien puntualiza que los países donde ocurrieron más de 90 por ciento de las guerras civiles que estallaron en la década pasada ya habían padecido otra en los últimos 30 años, también hizo notar que los beneficios derivados de los procesos de paz suelen verse menoscabados por los elevados niveles de crimen organizado.

Frontera peligrosa

En el caso de México indica que se encuentra ante una oleada sin precedente de violencia, a consecuencia de encontrarse en la frontera del mayor mercado de inmigrantes, consumo de estupefacientes y producción de armas, según el comentario de Jorge Montaño, ex embajador de México ante Estados Unidos, e integrante del consejo consultivo del Informe sobre el desarrrollo mundial.

El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación ilegal de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones de los derechos humanos, advierte, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad de los países en desarrollo.

El progreso sin precedentes de la delincuencia organizada podría provocar el hundimiento de muchos estados frágiles, a medida que sus instituciones caigan presas de la violencia organizada. El precario desarrollo económico observado en muchas regiones del mundo es un estímulo para el fortalecimiento de esas actividades ilícitas, que continuarán floreciendo a consecuencia de la impunidad que encuentran en los países en desarrrollo, sentencia Montaño, quien también pertenece a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Recomendaciones

El informe del Banco Mundial contiene una serie de observaciones y recomendaciones que, asegura, recopila de la experiencia de países donde se han llevado a cabo transiciones para abatir la violencia, y entre las que se incluye la asistencia internacional a los gobiernos locales, pero con una reorientación encaminada al empleo, la seguridad ciudadana y la justicia.

El organismo recomienda que en principio resulta imprescindible generar confianza para reducir los riesgos de conflicto. Para ello las autoridades deben dar muestras de una intención clara a través de resultados iniciales creíbles, y medidas que aseguren en forma convincente los compromisos de cambio.

Pero advierte que, aunque basten dos o tres resultados iniciales concretos encaminados a ofrecer empleo, seguridad y justicia a los ciudadanos para recuperar su confianza, las transformaciones institucionales pueden llevar entre 15 y 30 años para hacer frente a situaciones de violencia e inestabilidad.

Destaca que se trata de herramientas encaminadas a aumentar la transparencia, los presupuestos especiales para grupos favorecidos, la derogación de leyes discriminatorias, nuevos nombramientos y compromisos creíbles con sus respectivos cronogramas para concretar reformas de largo plazo.

Enlista, por ejemplo, planes básicos de creación de empleo con obras públicas y comunitarias que no excluyen al sector privado, apoyo a programas comunitarios y también proyectos para transformar las instuciones de seguridad y justicia.

Sara Cliffe, codirectora del informe, considera que los líderes nacionales y mundiales deben mejorar la manera de responder a la demanda de empleo y justicia de la ciudadanía, por lo que los organismos internacionales deben reformar sus procedimientos sobre el particular.