Mexicali, BC., 9 de abril. El Congreso de Baja California solicitó al gobierno federal que se investigue y sancione a los militares que causaron la muerte del octogenario Ramón Durán Muñoz, tras detenerlo en su rancho del poblado El Meneadero, en Ensenada, durante un operativo de inteligencia realizado a principios del mes pasado a raíz de una denuncia anónima.

El lunes 7 de marzo por la noche, unos 10 militares irrumpieron encapuchados y con rifles de asalto en la finca del anciano aquejado por diabetes y otras enfermedades, a quien acompañaban su hija María Guadalupe Durán, su yerno Javier Delgado, y un nieto de 12 años.

Sobre el tiroteo que se produjo –donde dos militares resultaron heridos– hubo versiones contradictorias. La familia dijo que un comando se introdujo a la propiedad y trató de asesinarlos al trozar la manguera del gas e introducirla por una ventana, por lo que se defendieron con un rifle calibre 22; pero los militares afirmaron que la finca era una guarida de criminales organizados donde se detuvo a tres adultos y se les confiscó un rifle de asalto AK-47.

El nieto de la víctima, de 12 años, testigo de la detención de sus padres y su abuelo, narró a la prensa: “Ya nos íbamos a acostar, yo traía la camiseta que me pongo para dormir y el pantalón del uniforme. Llegaron, nos gritaron que abriéramos la puerta, que si no la abríamos nos iba a ir mal, que nos iba a llevar la chingada, que nos iban a matar. De repente se oyó un tiro. Nos gritaron que abriéramos la puerta, que nos iban a balacear. Nos escondimos en el cuarto de mi abuelo (Ramón Durán Muñoz).

Querían matarnos con gas

De repente se oyó que arrancaron la línea del gas y la pusieron adentro, para que nos muriéramos. Olía un montón. Yo me quería salir porque me andaba asfixiando. Mi mamá les gritaba que se esperaran, que tuvieran paciencia, que se identificaran, que no nos hicieran nada y les preguntaba quiénes eran. Pero nos gritaban puras groserías. No se identificaron, ni siquiera traían uniformes, estaban encapuchados. Traían ropas negras. No vi ningún rostro...

Como resultado de ese operativo dos militares resultaron con heridas leves de arma de fuego.

A su vez, el diputado Marco Antonio Vizcarra, presidente del Congreso local y miembro del Partido Estatal de Baja California; el perredista Francisco Javier Sánchez Corona, titular de la Comisión de Derechos Humanos, y la petista Claudia Agatón Muñiz, dijeron que los militares golpearon y amenazaron de muerte a la familia. Luego la llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde permaneció incomunicada y sin asistencia legal ni médica.

En una flagrante violación a sus derechos humanos, los tres detenidos luego fueron trasladados a la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, donde permanecieron hasta el 4 de abril, cuando se les condujo al Centro de Readaptación Social de Ensenada, dijo Sánchez Corona, quien restó veracidad a la acusación militar de posesión de armas y tentativa de homicidio.

Según los legisladores, a Durán Muñoz no se le suministraron medicamentos para controlar su diabetes y demás enfermedades, y el juez –a propuesta del Ejército y pese a su avanzada edad y padecimientos– no le permitió llevar el proceso en su domicilio contra lo dispuesto en el artículo 55 del Código Penal Federal.

“El prolongado atropello tuvo un desenlace fatal, debido a que el octogenario –quien gozaba de prestigio y estima en la comunidad– falleció el mismo 4 de abril, durante su traslado del penal al Hospital General de Ensenada”, señalaron.

Por tales hechos el Congreso estatal demandó al gobierno federal investigar el allanamiento de la propiedad sin orden de cateo ni la debida identificación de los militares, además de establecer por qué se incomunicó a los detenidos y se negó a Durán Muñoz atención médica, reseñó Agatón Muñiz.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, informó que el caso ya fue hecho del conocimiento de tres organismos internacionales protectores de derechos humanos: la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Actúan por llamadas anónimas

Pero no sólo eso –añadieron los legisladores–: en otro reciente operativo derivado de una llamada anónima, fuerzas especiales del Ejército detuvieron por supuestos nexos criminales al empresario Primo Nava dentro de su restaurante del centro de Ensenada, pero debieron soltarlo cuatro horas después y reconocer el error. No podemos aceptar más actuaciones fuera de la ley, dijeron.