La conformación actual del presupuesto dificulta que los programas en salud sexual y reproductiva desarrollados por el Estado mexicano puedan ser efectivos, señaló Daniela Díaz, representante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones civiles pertenecientes a la Coalición por la Salud de las Mujeres explicaron que, a pesar de que la Secretaría de Salud federal cuenta con programas específicos para atender la mortalidad materna, el embarazo adolescente y a mujeres embarazadas portadoras de VIH, no dan resultado, debido en gran parte a la reducción de recursos destinados a la salud reproductiva y a la enorme opacidad con que se ejerce dicho presupuesto.

Por ello, la coalición instó al Senado a aprobar la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual incluye el Anexo 10, Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y así dar certeza jurídica al monto destinado para tal fin.

La medida garantizaría transparencia en el ejercicio de los recursos asignados a las mujeres, y no dependerá de la voluntad política de legisladores y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Díaz destacó que el Anexo 10 permite visibilizar problemas que no están en la agenda pública y obtener recursos para atenderlos.

El 31 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de siete anexos al PEF, todos del rubro de desarrollo social, lo que permitirá la irreductibilidad del gasto, es decir, que los montos deberán aumentar a partir del presupuesto inmediato anterior; además, se fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas toda vez que se incorporarán a la cuenta pública y deberán entregar informes trimestrales; e incluirá la obligatoriedad de evaluar resultados con base en indicadores, para lo cual se contará con información desagregada por sexo, lo que permitirá monitorear la disminución de brechas de desigualdad de género.

Las diputadas Teresa Incháustegui (PRD) y Diva Gastélum (PRI) se comprometieron al cabildeo en el Senado para que la reforma sea aprobada a la brevedad.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres consideró una prioridad de salud pública fortalecer la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y destacó que es urgente reconocer que la mortalidad materna es un problema grave de derechos humanos de las mujeres, de salud pública, equidad de género y justicia social, toda vez que la mayor parte de las muertes por esta causa son prevenibles.