La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer la controversia constitucional que presentaron cinco municipios de Tabasco contra la licitación pública internacional abierta con que Petróleos Mexicanos (Pemex) invita a empresas extranjeras a participar en la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur de esa entidad.

Trascendió que será el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia el encargado de elaborar el proyecto de dictamen y de resolver si concede la suspensión solicitada por los ayuntamientos quejosos para detener el proceso de licitación hasta que el máximo tribunal de justicia del país determine si los contratos integrales aprobados por el consejo de administración de la paraestatal –el 24 de diciembre de 2010– son constitucionales.

De acuerdo con la demanda presentada por los municipios tabasqueños contra el presidente de la República y Pemex, en la que alegan que el nuevo esquema de contratos es anticonstitucional porque disminuirá la renta petrolera y, por tanto, las participaciones federales que perciben los municipios, el nuevo esquema vulnera además la soberanía energética nacional con contratos que durarán 25 años, con la posibilidad de ampliarse.

En la controversia se señala que dichos contratos de riesgo no son convenientes para las finanzas públicas del país, porque en ellos el gobierno mexicano se compromete a mantener una estabilidad fiscal favorable para las empresas petroleras concesionarias.

Esto, porque en las cláusulas de los documentos se prevé que el Congreso de la Unión no podrá incrementar los impuestos a las empresas concesionarias, como tampoco podrá aprobar leyes que modifiquen el esquema fiscal actual.

Las demandas de los ayuntamientos plantean que el contrato es ilegítimo, porque permite al concesionario la ejecución de todos los servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos dentro del área contractual, lo que significa que la empresa sustituya a Pemex en la función constitucional que tiene para la exploración, explotación y elaboración de hidrocarburos, además de su transportación y almacenamiento”.

La demanda recuerda además las amargas experiencias de otros países que aplicaron mecanismos de recuperación de costos (similares a los propuestos por Pemex), como Venezuela y Ecuador, además de cuestionar que el compromiso con las empresas extranjeras no contemple la posibilidad de que la paraestatal pueda renegociarlos o cancelarlos en caso de que así convenga a sus intereses.

Se espera que la próxima semana Ortiz Mayagoitia resuelva si confirma la admisión de la demanda y, por tanto, concede la suspensión solicitada por los quejosos.