El espacio radioeléctrico –al igual que otros bienes de la nación– está regulado con una lógica del mercantilismo, no de los derechos humanos, lo cual ha causado la persecución y criminalización de las radios comunitarias, aseguró Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante el foro La radiodifusión comunitaria: entre el ejercicio de la libertad de expresión y la persecución penal, el investigador subrayó que el Estado debe garantizar el acceso de las comunidades indígenas a medios masivos de comunicación. A su vez, Sergio Méndez, abogado de Asociación Mundial de Radios Comunitarias, indicó que el gobierno usa la ley de manera parcial para criminalizar a los operadores de radios comunitarias.