La defensa de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, presentó una apelación ante una corte federal en Chicago, en la que afirma que realizó actividades ilícitas con autorización de funcionarios federales de Estados Unidos, según publica el portal fronterasdesk.org.

El Vicentillo, detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos acusado de traficar cocaína con valor de casi 6 mil millones de dólares, contrató abogados de alto perfil.

Sus abogados presentaron el recurso de una página, en el que afirma que personal de la agencia antidrogas estadunidense y de la Oficina Federal de Investigaciones (DEA y FBI, por sus siglas en inglés, respectivamente) trabajó con Zambada durante más de cinco años.

A decir de Peter Henning, profesor de leyes de la Universidad Estatal de Wayne, citado por el portal, el recurso es del tipo en que el demandado pone al gobierno en juicio, diciendo que patrocinó la actividad ilegal.

La información, fechada en Tucson, Arizona, y firmada por Michel Marizco, señala a varios agentes de la DEA y la FBI que afirmaron que autorizaban las actividades de Zambada.

Uno de los citados, Eduardo Martínez, fue agregado de la DEA en Hermosillo hasta 2008 y su nombre ha surgido en varias órdenes judiciales como agente a cargo de investigaciones sobre tráfico de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos, señala el portal fronterasdesk.org.

El recurso, fechado el 15 de marzo de 2011, se basa en las figuras legales de defensa por ejercicio de autoridad pública e incitación a la comisión de un delito por parte de la autoridad, con las cuales el juicio se enfocaría, no en la predisposición del acusado para violar la ley, sino en las acciones oficiales estadunidenses.

La defensa de Zambada afirma que oficiales de la DEA, la FBI y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dieron su consentimiento para que realizara sus actividades criminales entre enero de 2004 y marzo 2009.

El profesor Henning sostuvo que, dada la situación existente con los narcotraficantes mexicanos, “lo último que el gobierno de Estados Unidos quiere encontrar es cualquier indicio de que, en efecto, se auspició a uno de los cárteles”.