Nueva York, 7 de abril. Miles de documentos internos de la empresa Chiquita Brands International comprueban que esa firma bananera se benefició de sus pagos a grupos paramilitares por servicios de seguridad de sus operaciones en Colombia, y también de sus acuerdos, incluidos algunos pagos a militares y políticos, entre ellos al entonces gobernador Álvaro Uribe, reveló hoy el centro independiente de investigación y transparencia The National Security Archive.

Los documentos son comunicaciones internas de Chiquita entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo judicial en el cual la empresa admitió haber hecho pagos ilegales a las paramilitares AUC, a los que calificó de extorsión, y pagó una multa de 25 millones de dólares.

Pero el National Security Archive, al divulgar hoy más de 5 mil 500 documentos internos de Chiquita entregados al Departamento de Justicia, afirmó que éstos revelan evidencia de transacciones de mutuo beneficio entre las subsidiarias colombianas de Chiquita y varias agrupaciones armadas ilegales, incluidos grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas de seguridad colombianas, y milicias de la iniciativa Convivir, patrocinada por el gobierno colombiano, y que estos pagos que se hicieron durante más de una década, fueron por servicios relacionados con la seguridad de sus operaciones.

“Estos documentos extraordinarios ofrecen la historia más detallada hasta la fecha sobre el costo real de hacer negocios en Colombia. El aparente quid pro quo de Chiquita con guerrillas y paramilitares responsables de innumerables homicidios pone en duda el acuerdo judicial de la empresa con el Departamento de Justicia en 2007. Lo que aún no sabemos es por qué los fiscales estadunidenses no se fijaron en lo que parecen ser pruebas claras de que Chiquita se benefició de estas transacciones”, declaró Michael Evans, director del proyecto de documentación sobre Colombia del National Security Archive.

Uno de los documentos obtenidos demuestra pagos a fuerzas paramilitares derechistas con sede en Santa Marta por parte de Chiquita por servicios de seguridad, incluyendo inteligencia sobre operaciones de grupos guerrilleros después de que las AUC tomaron el control de la región a mediados de los 90.

Los documentos también revelan el papel de los militares colombianos en presionar a Chiquita para financiar a las AUC a través de agrupaciones Convivir, y facilitaron los pagos ilegales. En uno de los documentos se describe una reunión en 1997 con Carlos Castaño, el líder de AUC, en donde éste le sugiere a los gerentes de Banadex, subsidiaria de Chiquita, que apoyen un nuevo Convivir llamado La Tagua del Darién. Según el documento, los ejecutivos de Banadex informaron a su empresa matriz que no tenían otra opción más que asistir a esta reunión ya que no presentarse provocaría el antagonismo de los militares colombianos, funcionarios de los gobiernos locales y estatales y Autodefensas.

El National Security Archive indica que uno de los políticos que más promovía a los grupos Convivir en ese tiempo era Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, centro de las operaciones de Chiquita en Colombia. Uno de los documentos internos de Chiquita hace referencia a que tanto altos mandos militares como el gobernador promovían el establecimiento de los grupos Convivir. Otro documento fechado en 1995 indica que Uribe y otro político, Alfonso Núñez, habían recibido donaciones de otra subsidiaria de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla.

Otros documentos de contabilidad de 1997 y 1998 apuntan hacia el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en instar los pagos de Chiquita a fuerzas paramilitares, donde algunos de los pagos a Convivir eran referidos como pagos hechos a solicitud del ejército.

Estos documentos, comenta Evans, indican que para 1997, las AUC estaban en control de las regiones bananeras del norte de Colombia y que políticos, empresarios y militares apoyaban sus operaciones paramilitares. Recuerda que las AUC habían sido oficialmente designadas por el gobierno estadunidense como una agrupación terrorista.

Estas revelaciones, comentó el profesor Arturo Carrillo, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad George Washington, quien colaboró con el proyecto del Archive, fortalecen el punto avanzado en varias demandas legales pendientes contra Chiquita, que la empresa fue conscientemente cómplice en, y por lo tanto responsable de, las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá durante el tiempo que estaban en la nómina de Chiquita.

Para revisar los documentos obtenidos hasta la fecha sobre Chiquita, una cronología y otros documentos e informes relacionados en el sitio del Archive: www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/index.htm