Como opacos y dispersos definieron investigadores de la Univesidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los programas sociales aplicados por el Gobierno del Distrito Federal.

De acuerdo con una evaluación realizada por académicos e investigadores de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), 50 por ciento de los 70 programas operados en 2009 por la administración central no contaron con información adecuada de sus metas cubiertas y del presupuesto ejercido.

Aún más, en el documento entregado ayer a los diputados que integran la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa, precisan que en 23 de estos programas no fue factible realizar una evaluación, ante la falta de datos.

En el desglose del análisis, los investigadores también observaron una dispersión en la política social, pues tan sólo tres programas (servicios médicos, pensión alimentaria a adultos mayores y Prepa sí) concentran 70 por ciento de los 17 mil 517 millones de pesos destinados al gasto social, mientras 43 de ellos, que representan 58 por ciento del total, ejercen apenas 5.52 por ciento.

De los datos obtenidos en 2009, los especialistas señalan que una muy baja proporción de programas contaba con evaluación interna, poco más de la mitad carecía de indicadores de resultados, sólo dos quintas partes disponían de indicadores claros y relevantes, y únicamente uno de cada tres prevía mecanismos de captación de la opinión ciudadana.

Respecto de los alcances de la política social, señalan que la mitad de los hogares ubicados en zonas de marginación muy alta, alta y media son beneficiarios de al menos un programa social del gobierno local, y casi 60 por ciento de los que se encuentran inscritos en algún programa reciben algún tipo de ayuda económica.

De hecho, destacan que dentro del tipo de apoyos que brinda la política social, salvo el programa de acceso a servicios de salud gratuitos, sobresalen la transferencia de recursos en efectivo o en especie, más que el fortalecimiento en la cantidad y la calidad de los servicios.

Sobre el nivel de aceptación entre la población, observan que de los beneficiarios entrevistados por lo menos siete de cada 10 dice estar muy satisfecho con los apoyos recibidos. La mayoría, 51.7 por ciento, opina que la finalidad de la ayuda es para obtener votos, 30 por ciento considera que el propósito es atender un derecho y 13 por ciento lo considera como una obligación.