Al clausurar los trabajos del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación, especialistas, investigadores y activistas presentaron 33 recomendaciones para apremiar a legisladores, empresarios y funcionarios a impulsar una reforma legal para los medios de comunicación que limite el acaparamiento, regule a los mercados y actores de las telecomunicaciones, reivindique los derechos de usuarios y audiencias, pero también que garantice el funcionamiento de los medios públicos.

En las conclusiones del encuentro, convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), demandaron políticas públicas incluyentes y debatidas para el sector, y consideraron prioritario que los partidos políticos y sus candidatos en las elecciones de 2012 incluyan en sus plataformas y propuestas de campaña políticas y acciones concretas para democratizar el actual sistema de medios.

Hoy es cada vez más ilegítimo que, por no molestar o por congraciarse con los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones, los candidatos demoren o impidan reformas al régimen legal, fomenten o avalen contrarreformas u omitan políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Demandaron licitar más cadenas de televisión abierta y generar nuevas opciones en el sistema digital, garantizar certidumbre para la existencia de medios públicos con independencia en su línea editorial y acceso a recursos suficientes que generen espacios democráticos y no propagandísticos.

En cuanto a las radios comunitarias, cuya criminalización denunciaron y rechazaron, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que la libertad de expresión enfrenta diversos y graves obstáculos debido a la falta de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación.

Agregó que se impide la legalización de las radios comunitarias, que tienen 40 años de existencia en México, pues el gobierno federal no les otorga los permisos para el uso del espacio radioeléctrico, e incluso se propicia su cierre y desalojo violento.

Advirtió que la concentración de concesiones en radio y televisión hace imposible la pluralidad informativa y el libre ejercicio de la libertad de expresión, con particular gravedad en los ámbitos indígena, rural y suburbano.

Los asistentes al encuentro apremiaron al Estado a generar esquemas de interconexión digital más democráticas, baratas y accesibles para la población, así como la construcción de una agenda digital ciudadana. Se pronunciaron por una regulación transparente del gasto público en comunicación social, que ha beneficiado a los medios más poderosos con enormes y constantes transferencias de recursos fiscales.

Tras la lectura del documento, leído por la periodista Carmen Aristegui y el actor Daniel Giménez Cacho –miembros del consejo consultivo de la Amedi–, que reúne las principales propuestas presentadas por más de 140 conferencistas de 15 entidades del país, Raúl Trejo Delarbre, presidente del organismo, recordó que este viernes se cumple un año de la presentación ante el Congreso de la Unión de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audivisuales, promovido por varios partidos, sin que hasta la fecha se haya dictaminado en comisiones.

Por ello, advirtió que no vamos a quitar el dedo del renglón. Los televidentes, radioescuchas y lectores hemos dejado de ser entes pasivos para demandar espacios más democráticos.

Javier Corral, diputado panista y presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, afirmó que sin pluralidad en los medios las voces que se pueden escuchar son cada vez menos, más parecidas y lejanas a la realidad y enfatizó que en la construcción de medios más democráticos es fundamental la participación ciudadana.