Al menos 59 cadáveres fueron extraídos de narcofosas halladas en los límites de los municipios de San Fernando y Matamoros, Tamaulipas, presuntamente de personas ejecutadas por uno de los grupos de narcotraficantes que se controlan la plaza. La cifra sobre el número de cuerpos encontrados varió de una autoridad a otra; el gobierno de Tamaulipas sostuvo en un comunicado que se encontraron 61, mientras la Secretaría de Gobernación federal aseguró que fueron 59.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas descubrieron las fosas en el ejido La Joya, a las afueras de San Fernando, donde el pasado 24 de agosto fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes; días después, ahí mismo fue ejecutado Roberto Suárez, agente del Ministerio Público que investigaba la muerte de los indocumentados. De acuerdo con las versiones oficiales, entre los cadáveres exhumados hasta el momento no se ha identificado a inmigrantes. Los cuerpos localizados desde la noche del lunes fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Matamoros.

En su comunicado, el gobierno de Tamaulipas informó que elementos de la procuraduría estatal localizaron 61 cuerpos sepultados en ocho fosas clandestinas. Señaló que el hallazgo fue resultado de investigaciones relacionadas con el plagio de los pasajeros de un autobús, perpetrado el pasado 25 de marzo sobre la carretera Victoria-Matamoros, a la altura de San Fernando.

Liberan a 5 plagiados; hay 11 detenidos

Acotó que, además de las fosas halladas, fueron liberadas cinco personas plagiadas y se detuvo a 11 presuntos delincuentes, quienes quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), que participó en la indagación y atrajo el caso.

Por lo pronto, el Ministerio Público Federal (MPF) empezó la averiguación previa PGR/ TAMPS/MAT-III/1173/ 2011 por diversos delitos que pudieran encuadrar en el ámbito federal, como uso ilegal de armas de fuego. Contra lo declarado por el gobierno de Tamaulipas, funcionarios de la PGR consultados indicaron que el MPF no ha atraído las investigaciones, sino trabaja de manera conjunta con la procuraduría estatal.

Ricardo Nájera, vocero de la PGR, dijo en la ciudad de México que se localizaron dos fosas, la primera con 43 cadáveres y la segunda con cinco. Afirmó que las versiones que hablaban de cifras más altas no son correctas.

Fuentes consultadas afirmaron en la ciudad de México que varios cadáveres ya fueron identificados por habitantes de zonas cercanas a San Fernando. El portavoz de la PGR señaló que desconoce el número de restos identificados.

De acuerdo con la información obtenida, al menos cinco de los cuerpos serían de mexicanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio e investigaciones sobre los homicidios. De igual manera, solicitó a la PGR y a la procuraduría de Tamaulipas que apliquen medidas cautelares para preservar los indicios y garantizar la identificación de los cuerpos.

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, instruyó a la oficina regional de la CNDH en Reynosa, Tamaulipas, para que efectúe las primeras diligencias del caso. En un comunicado, exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que las acciones de investigación, procuración e impartición de justicia se realicen de manera pronta y eficaz.

Fuentes oficiales confirmaron que el hallazgo de la primera fosa ocurrió el pasado martes, cuando militares acudieron al lugar y localizaron 43 cadáveres, todos de hombres. Posteriormente se presentó personal de la procuraduría estatal para dar fe de los hechos y continuar las investigaciones, que culminaron ayer con la detección de más cuerpos.

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez, dijo que ninguno de los cadáveres había sido identificado, por lo que pidió no especular, ya que –dijo– no tenemos el mínimo indicio de que sean migrantes. La SG aseguró que el número de cuerpos es de 59.

En tanto, el titular de la SG, Francisco Blake, informó al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre, que la PGR empezó una averiguación previa y que habría un trabajo coordinado en el que participaría la Secretaría de la Defensa Nacional.

El municipio fue tomado desde mediados de 2010 por integrantes de Los Zetas, quienes, con base en amenazas, incendio de casas y comercios, así como el asesinato de empresarios, obtuvieron el control de la localidad hasta reducirla a un pueblo fantasma.

Paso obligado para llegar a la frontera, San Fernando es desde entonces una ciudad deshabitada por la que se evita transitar de noche.