La supervía, el mayor problema de Ebrard
El jefe de Gobierno parece beneficiar a la constructora
l asunto, la problemática en la construcción de la supervía, es sin duda la mayor dificultad a la que se enfrenta el gobierno de Marcelo Ebrard.
Hoy, las contradicciones del discurso del jefe de Gobierno y Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, advierten que hay algo más detrás de la obra que podrá beneficiar a miles de capitalinos, sin duda, pero que en estos momentos hace mucho daño político al propio Marcelo Ebrard.
Para el jefe de Gobierno la sentencia de las autoridades federales para la protección del medio ambiente, que podría llevar a la suspensión de la obra hasta por 14 semanas, parte de algún interés –no dijo cuál ni de qué tipo–, mientras para la señora Delgado la empresa constructora, OHL-Copri, incumplió con la presentación de su programa de reforestación, cosa que al parecer no es peccata minuta para el organismo federal.
Es muy posible que en el asunto intervengan cuestiones políticas que no deben dejarse de lado: la postura del PAN, principalmente de Felipe Calderón en contra de la ciudad de México, es desde siempre muy obvia. Todos los obstáculos que se puedan poner al accionar del gobierno local son bienvenidos para la gente que depende de Los Pinos.
No obstante, esta vez Marcelo Ebrard, más que proteger a los habitantes de la ciudad con una obra que se ha señalado como necesaria e impostergable, parece tratar de beneficiar a la empresa que, según todo indica, no cumple con las leyes y conflictúa el quehacer del mismo gobierno que le encargó la construcción de esa carretera.
No le va bien al jefe de Gobierno hacer de lado, cuando menos en sus declaraciones, la responsabilidad de las empresas frente a la problemática que día con día manifiesta el grupo contrario a la construcción de esa vía rápida, y que hasta la fecha no ha tenido eco en el gobierno, muy probablemente porque se han detectado –según observó el propio Ebrard– intereses que en nada benefician al desarrollo de la ciudad, aunque, insistimos, no ha dicho cuáles.
Por el contrario, los únicos intereses que son obvios son los de las empresas constructoras que, además, se han adueñado, tienen el mando sobre el territorio de Santa Fe por encima de las autoridades delegacionales, la que impone la Asamblea Legislativa y todas las que les pongan por enfrente. Ellos mismos se consideran fuera del control del gobierno.
Ya hemos hablado aquí de lo que son y hacen las empresas OHL y Copri, pero sus alcances en cuanto a la administración de los dineros públicos –se les han otorgado más de 300 millones de pesos sin que rindan cuentas del destino de los recursos del contribuyente– parecen no tener límites.
La simbiosis que han logrado los inversores, que al mismo tiempo son las cabezas del Fideicomiso Santa Fe, no debería ser tolerada por las autoridades del gobierno central, aunque ya hay molestia de los diputados locales, que se pronunciaron por desaparecer este horror.
Mantener el negocio inmobiliario
es la premisa con la que la cúpula de la asociación de vecinos de aquel lugar trabaja. Poco o nada importa que suceda con la gente del lugar, el negocio es primero. Y hay quien dice que no se deben desoír las viejas consejas. Por ejemplo aquella que reza: donde hay obra sobra. ¿Qué tal?
De pasadita
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se viven momentos difíciles. Los enterados aseguran que la actual rectora, Esther Orozco, está a punto de aventar la toalla, porque el organismo no cumple con los requerimientos que ella pretende de una casa de estudios, pero lo más cierto es que la UACM no es, de ninguna manera, una universidad que pueda compararse con cualquier otra en el país. Sus alumnos, sus maestros, en fin, su comunidad son realmente atípicos, en muchos sentidos. Lo que requiere allí es comprender el porqué y para qué se fundó. Tal vez así se pueda lograr un trazo más justo al mirar la cotidianidad de la UACM, que, se diga lo que se diga, es una posibilidad de ser mejor, en un ámbito general de frustraciones.
