e cara a 2012 enfrentamos un panorama riesgoso ante un complejo contexto de fuerzas domésticas y externas en que la dinámica entre petróleo, drogas y territorio es crucial, tanto para el proyecto histórico de la nación, como para la relación con Estados Unidos y el orbe. El aumento en el precio del crudo, similar al que en 2008 afectó la economía mundial, se atribuye a los eventos en África del Norte y Medio Oriente, así como a operativos político-militares del Pentágono (DdD), la CIA y la OTAN, ahora en Libia, el treceavo exportador mundial de petróleo con 1.4 millones de barriles diarios (mbd), cuya producción se ve mermada y su ausencia se resiente por ser un crudo superligero, muy cotizado.

Si bien se reclama a la OPEP no aplacar los precios, la inquietud se torna zozobra ante la duda de que la capacidad ociosa (CO) que se le asigna de 4 mbd (de los que Arabia Saudita maneja entre 3 y 3.5 mbd) esté siendo rebasada: según la AIE en 2010 la demanda mundial creció 2.7 mbd y se prevé que aumetará 1.5 mbd en 2011, y otros 1.5 mbd en 2012 (The Economist, marzo, 2011). Ante esta inusual ampliación de la demanda y los límites físicos por el agotamiento del petróleo convencional (y otros recursos), se profundiza la escasez, impactando la naturaleza misma de la crisis capitalista, acicateando la conflictividad y las guerras, invasiones y ocupaciones por los recursos.

En México los efectos son profundos: nación petrolera que, según el gobierno, agregó en cuatro años 5.7 mil millones de barriles equivalentes a su reserva (por certificar), linda con Estados Unidos, importador mayor de crudo, cuya reserva llegó a su techo en los años setenta y que alienta, como notó Cuauhtémoc Cárdenas, la guerra preventiva y los contratos incentivados: asuntos nodales de cualquier programa político.

En 2008 PRI y PAN impulsaron una reforma energética que abrió las tareas sustantivas de Pemex y sus campos petroleros al outsourcing y firmas tipo Halliburton, vinculadas al aparato de seguridad estadunidense. Esa hazaña antinacional se consumó cuando ya el esquema de guerra no convencional del DdD, adoptado y perpetrado por Calderón bajo la noción de encontrar lo que tienen en común terrorismo y seguridad, y narco y seguridad (Cable 06-MEX-3081) avanzaba en sus objetivos reales: la entrega a Estados Unidos del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, la fragilización de la jurisdicción territorial y la desactivación de la función de defensa nacional, asignando a las FAM actividades de seguridad pública, con graves e imprescriptibles violaciones al derecho penal internacional, y con desgaste de la base logística ante cualquier hipótesis de agresión externa.

Es un imperdonable error histórico que enluta, junto a más de 37 mil familias, a toda la nación. Un crimen de lesa patria bajo auspicio mediático de una oligarquía corrupta; de la Iniciativa Mérida y del Comando Norte de Estados Unidos, ente encargado de captar, en medio del baño de sangre, la función de defensa nacional. Todo a favor de la narco-potencia: primer consumidor de droga y de crudo, principal abastecedor de armas a cárteles y Ejército por igual, y lavadora mundial –junto a Londres– que impulsa su injerencismo sobre Pemex y la renta petrolera: sabe que en 2012 se finiquita la CO mundial y que en 2015 el déficit de petróleo podría llegar a los ¡10 millones de barriles diarios!

Al tiempo que Estados Unidos flexibilizó el tráfico de armas a México en 2004, se intensificó el lavado de dinero, con leves sanciones al Wachovia Bank de Wells Fargo, por la transferencia de ¡378 mil 400 millones de dólares! en pocos años, el periodo que, a decir de Ed Valliamy (The Observer, 3/IV/2011) ...coincide con la intensificación de la violencia a lo largo de la frontera, que accionó la actual guerra al narco. Desde entonces, banca y operativos tipo rápido y furioso agudizan caos y violencia, el caldo de cultivo para alentar impulsos demográfico-empresariales de corte secesionista/anexionista.

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