El Senado aprobó la iniciativa presidencial sobre la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por la que se obliga a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación en contra de funcionarios a partir incluso de denuncias anónimas, cuyos autores serán protegidos y se les dará una recompensa económica –en caso de comprobarse ilícitos– al final del procedimiento administrativo.

La nueva ley establece sanciones para servidores públicos, de hasta 3 millones 873 mil pesos, inhabilitación por 20 años, y en el caso de empresas que incurran en conductas irregulares en concesiones o transacciones comerciales la multa llega a 115 millones de pesos y se le inhabilita para participar en futuras licitaciones.

Senadores de PAN, PRD y PT advirtieron que esta ley es sólo un primer paso y que se requiere seguir buscando medidas, acciones y planes contra la corrupción.

El perredista Tomás Torres resaltó que esa ley es insuficiente, y cuestionó en tribuna: ¿Realmente quieren avanzar en el combate a la corrupción en México? Peguémosle al enriquecimiento ilícito, al cohecho, al peculado, al fraude?

Inquirió el senador: ¿Cuántos asuntos tiene la Procuraduría General de la República (PGR) por conductas desleales? ¿Cuántos asuntos tiene el Servicio de Administración Tributaria en vías de ejecución en multas por miles de millones de pesos en contra de servidores públicos? No hay un asunto.

Y subrayó: Si realmente quiere la clase política mexicana abordar con seriedad tanta deslealtad, tanta corrupción, luego nos quejamos por los secuestros y la delincuencia organizada en este país; hay otra delincuencia organizada en este país, la que está adentro, la que está en las instituciones, las que consiente y celebra la riqueza patrimonial.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, dijo que con esta ley se pretende facultar a una serie de dependencias que han resultado totalmente incompetentes e ineficaces tratando de investigar, juzgar y sancionar faltas cometidas por servidores públicos para que ahora investiguen, juzguen y sancionen conductas antisociales que constituyen verdaderos delitos por parte de personas físicas y personas morales privadas.

Insistió que esta ley no es correcta, se está trasladando una facultad jurisdiccional a un órgano descentralizado de la administración pública; si ustedes aprueban esta ley, lo que va a suceder es que la Secretaría de la Función Pública va a investigar, a perseguir y sancionar delitos cometidos por empresarios en materia de contrataciones públicas. Para eso está el Ministerio Público.

A su vez, el senador del PRI Jesús Murillo Karam explicó que el tema que estamos discutiendo es muy simple: pretende combatir una parte de la corrupción que tiene un castigo, una sanción, una tipificación desde el ámbito penal, pero que desde aquí, independientemente del ámbito penal se sanciona como una falta, se sanciona con multas además de lo penal.