En la lucha contra el lavado de activos de procedencia ilícita, cada dependencia e instancia gubernamental jala por su lado y trabaja de manera independiente, aseguraron a La Jornada funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron consultados por separado y solicitaron no ser identificados por temor a represalias.

Los funcionarios refirieron que entre enero de 2010 y febrero pasado, la PGR inició 162 averiguaciones previas para investigar casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que derivaron en la consignación ante un juez de igual número de personas, pero hasta el momento los fiscales antilavado de dinero de la dependencia no han obtenido una sola sentencia.

Por su parte, la coordinación de investigaciones sobre lavado de dinero de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF) investigó, en esos 13 meses, 32 casos considerados de alto impacto, pero sólo dio conocimiento del resultado de esas pesquisas al Ministerio Público Federal (MPF) hasta que se detuvo a los presuntos responsables, agregaron los informantes.

Respecto del mismo tema, abogados penalistas consideraron que el fracaso del gobierno federal en el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita se debe a que no hay una coordinación efectiva ni intercambio de información entre las dependencias de seguridad y procuración de justicia.

Alberto Díaz Medina, quien tiene más de una década de experiencia en litigios por lavado de dinero, aseguró en entrevista con este diario que ante el fracaso de las autoridades mexicanas en el combate a ese delito, han optado por la táctica de la delación, mediante el pago de recompensas a quienes denuncien a supuestos lavadores de dinero, lo cual es un error de graves consecuencias.

El pasado lunes, la PGR anunció, en un comunicado, el inicio de un programa de recompensas con el que busca combatir el lavado de dinero mediante la cooperación ciudadana. La dependencia publicó ese día, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo A/029/11, en el que se ofrecen gratificaciones hasta de 25 por ciento del valor de los derechos o bienes que logren ser recuperados por autoridades federales mediante ese plan.

Según el penalista Alberto Díaz, quien ha ganado varios litigios a la PGR en casos de delincuencia organizada, ese sistema de recompensas representa una herramienta legal que “fortalecerá el sospechosismo ciudadano. Ahora los fiscales y los agentes del Ministerio Público se podrán valer de la delación anónima para imputar acusaciones débiles por lavado de dinero, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.

Agregó que cada una de las instancias federales que combaten ese delito, entre ellas la PGR, la SSP federal y las fuerzas militares, llevan sus propias pesquisas, muchas veces sobre los mismos casos, y se tienen tanta desconfianza entre sí que ni siquiera comparten información.

Edgardo Buscaglia, uno de los académicos que más conocen del tema de lavado de dinero en México, ha dicho en diversas entrevistas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la PGR y la SSP federal han fracasado en su tarea de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, simplemente porque no existe en México –como sí ocurre en países como Colombia o Brasil– una interacción institucional entre todos los encargados de la seguridad y procuración de justicia.

Finalmente, Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y ex subprocurador de la PGR, aseguró, también en entrevista con este diario, que la ciudadanía no tiene por qué cumplir con una responsabilidad (combatir el lavado de dinero) que le corresponde exclusivamente al Estado mexicano.

No es con recompensas como se va a solucionar el problema del lavado de dinero, sino con medidas coordinadas y eficientes de las autoridades federales y estatales, expuso el abogado veracruzano.