La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentará un documento en el que pedirá al gobierno federal que revise su estrategia de combate al crimen organizado y que cambie las acciones para evitar la muerte de personas ajenas al conflicto.

El presidente del organismo, Luis González Placencia, señaló que el próximo viernes dicho documento será puesto a consideración de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por las comisiones estatales y nacional, encargadas de velar por el respeto a las garantías individuales, en una reunión que sostendrán en el estado de Campeche, con el propósito de que se sumen a ese planteamiento.

En entrevista, González Placencia se manifestó contra la posibilidad de pactar con los grupos de la delincuencia organizada, como pidió el poeta Javier Sicilia, aunque dijo estar de acuerdo en el llamado a que esas bandas vuelvan a sus códigos de ética para no afectar a inocentes.

Agregó que el planteamiento de pactar con la delincuencia organizada es muestra de la desesperación de los ciudadanos por la violencia, que ya les afecta directamente. Es hartazgo lo que se ve en la gente, porque esta guerra que ha emprendido el Estado mexicano contra los grupos de narcotraficantes tiene en medio a los ciudadanos, subrayó.

Se trata de un reclamo ciudadano absolutamente legítimo, abundó, que debe leerse en términos de que la gente quiere vivir en paz, lo cual implica, por una parte, la disminución paulatina de la violencia, y por otra que se señale a los responsables de las muertes de personas que no tienen nada que ver con esa lucha.

El ombudsman capitalino resaltó que la lucha emprendida por las autoridades federales no ha terminado con las drogas ni ha disminuido el poder de las bandas criminales. Por el contrario, se ha incrementado el número de fallecimientos de personas inocentes a manos del Ejército y de las fuerzas policiales; de ahí que sea necesario replantear la estrategia, expresó.

En torno a la investigación que lleva a cabo la CDHDF por el motín ocurrido el pasado 18 de marzo en el Reclusorio Sur, González Placencia comentó que una de las líneas de la indagatoria tiene que ver con la presunta existencia de estructuras dedicadas a la venta y distribución de drogas en el penal, que permiten la generación de mercados ilegales y de hechos de violencia, como los ocurridos ese viernes, en que decenas de internos protestaron por la falta de drogas.