La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de un programa de recompensas con el que busca combatir el lavado de dinero mediante la cooperación ciudadana. Este lunes, la dependencia federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/029/11, en el que se ofrecen gratificaciones hasta de 25 por ciento del valor de los derechos o bienes que logren ser recuperados por las autoridades federales mediante este plan.

La PGR ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, efectiva y oportunamente para la identificación y localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de la comisión de dicho delito, indicó la institución en un comunicado.

Para abogados especialistas en criminología y derecho penal, esta medida dará cabida a la práctica de la delación anónima, la cual puede poner en peligro las garantías constitucionales.

Con esta medida de recompensas van a aumentar las denuncias ciudadanas, pues es muy tentadora la oferta de 25 por ciento de recompensa. Pero también se corre el riesgo de que aumenten las acusaciones sin sustento, por una especie de codicia o envidia de alguna persona que crea o intuya que algún vecino suyo se dedica al narcotráfico sólo porque tiene camionetas o automóviles de lujo, o porque usa relojes finos, por ejemplo, refirió el penalista Rogelio Garza.

De su lado, el abogado veracruzano Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, destacó que cualquier medida de acción del Estado contra la delincuencia organizada, sea por la vía de las recompensas o por cualquier otra, debe partir del compromiso de las autoridades ministeriales de respetar la presunción de inocencia.

Añadió que es inaceptable cualquier medida que sirva de apoyo al Ministerio Público si la autoridad no respeta el marco constitucional de las garantías individuales. Esta estrategia de recompensas ciudadanas es una medida improvisada y errática. Sólo busca la delación, que aumenten las denuncias anónimas, las cuales son muy peligrosas y no caben en un estado de derecho democrático. No puede trasladarse la responsabilidad de combate al crimen a la ciudadanía, no es el camino correcto, expuso Reyes Peralta, quien encabeza una asociación integrada por unos tres mil penalistas a nivel nacional.

En el anuncio de este programa, la PGR indicó ayer que la Unidad contra el Lavado de Dinero, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), acordó un sistema de recompensas cuyos montos se tasarán de la siguiente forma:

“Hasta por el equivalente de 25 por ciento, conforme al avalúo realizado por los peritos de la procuraduría a los recursos y bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados con el delito de lavado de dinero, siempre que exista una resolución judicial firme para el caso de abandono de bienes a favor del Estado; estas cifras, tomando en consideración las deducciones derivadas por gastos de administración, enajenación y adeudos.

En el caso de bienes decomisados en los que exista resolución firme, el monto de la recompensa corresponderá al equivalente de 25 por ciento que ha entregado la PGR en términos de la legislación vigente. Para bienes extintos, la recompensa corresponderá hasta por el equivalente de 25 por ciento del remanente del fondo que establece la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución federal, precisó la dependencia.

Es la primera ocasión que la Procuraduría General de la República ofrece recompensa ciudadana a quienes aporten información que coadyuve en la recuperación de bienes muebles e inmuebles que adquiere y utiliza el crimen organizado para lavar dinero y realizar actividades ilícitas. Países como Colombia, España, Brasil y Estados Unidos utilizan estas medidas desde hace dos décadas.

Los ciudadanos que quieran aportar información relacionada con el lavado de dinero pueden ponerse en contacto con la PGR por medio del correo electrónico [email protected] o a los teléfonos 5346 1544 y 5346 0000.