Senadores y diputados de PRI y PRD pidieron al gobierno federal que atienda las recomendaciones de la ONU y acelere el retiro de militares del combate al crimen organizado, ya que esa estrategia ha provocado violaciones constantes a los derechos humanos y el desprestigio de las fuerzas armadas.

En tanto, activistas y organismos no gubernamentales consideraron que el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias incluyó una visión bien documentada de esas agresiones a los derechos humanos, aunque reconocieron que las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio.

Los señalamientos de los expertos de la ONU se suman a miles de voces ciudadanas del país que exigen fijar una fecha para que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, ya que ni legal ni prácticamente esas fuerzas están facultadas para asumir tareas de policía, recalcó el coordinador del PRD, Carlos Navarrete.

Consideró que Calderón expone al Ejército a tareas de seguridad pública y al desprestigio, pues cada vez hay más señalamientos sobre su participación en violaciones de derechos humanos de civiles.

El también perredista René Arce, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, resaltó: “se ha denunciado cantidades importantes e inquietantes de agresiones del Ejército contra civiles y lo único que falta por conocer es la cifra de militares involucrados en el narcotráfico.

A su juicio, además de los llamados daños colaterales, de la violación de garantías fundamentales, ni siquiera se ha cumplido con la meta de Calderón de disminuir el tráfico de drogas y la violencia ha crecido de forma desproporcionada, sobre todo en aquellas entidades donde actúan las fuerzas armadas.

El vicepresidente del Senado, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, dijo que ojalá se acelere la modernización y saneamiento de las corporaciones policiacas, para que asuman su responsabilidad y el Ejército regrese a los cuarteles.

El diputado priísta Arturo Zamora consideró que la recomendación de la ONU muestra que la estrategia de Calderón para enfrentar al crimen organizado es un fracaso, pone en riego el estado de derecho y afecta el prestigio del Ejército.

Pablo Álvarez, de la organización HIJOS México, consideró algo muy positivo las observaciones de Naciones Unidas, aunque subrayó que no son de cumplimiento obligatorio para el Estado.

Lamentó que las autoridades inviten al grupo de Naciones Unidas y después hagan caso omiso de sus conclusiones. Vamos a observar lo que hace el gobierno, y mientras tanto seguiremos exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos.

Nadine Reyes Maldonado, integrante del colectivo Hasta Encontrarlos, aplaudió las resoluciones del comité de especialistas, pues se incorporan muchas de las inquietudes de las organizaciones de familiares de desaparecidos, entre ellas la necesidad de que el Ejército deje de cumplir tareas de seguridad pública.

Pese al carácter limitado del informe, insistió, sería importante que sea utilizado para exigir al Congreso que elabore cuanto antes una ley general sobre desapariciones forzadas.