a cháchara de corte electoral quita visibilidad a pronunciamientos de alta importancia para el país, como el que ayer emitieron los integrantes de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha solicitado a la administración calderonista que retire de actividades policiacas al Ejército en el corto plazo, pues el embate verde olivo ha hecho crecer las violaciones a los derechos humanos y las mantiene impunes, en particular las relacionadas con desapariciones forzadas o involuntarias.

Luego de dos semanas de recopilar información en nuestro país, el mencionado grupo de trabajo ha elaborado un reporte que será dado a conocer oficialmente en marzo de 2012 en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para entonces, miles de mexicanos habrán muerto y otros tantos habrán sufrido secuestro, tortura e incriminaciones dudosas a cargo del aparato nacional de confrontación bélica al narcotráfico, que paso a paso va siendo controlado por mandos militares y que entre algunas de sus definiciones no escritas tiene la de exterminar de manera sumaria a los presuntos delincuentes.

Pero es lenta la capacidad nacional de reacción y protesta ante esos terribles abusos documentados y denunciados. La propaganda gubernamental machaca sobre los presuntos motivos patrióticos que alientan las andanzas militares e incluso hay una campaña de medios para familiarizar a los mexicanos con sus fuerzas armadas. Los partidos y sus dirigentes se mantienen embebidos en la rebatiña electoral mientras la sangre corre a ríos y sin visos siquiera de alguna forma de justicia. Las protestas cívicas son desalentadas por el fundado temor a represalias de los bandos denunciados, desacreditada toda oposición social a la presencia de los soldados mediante el recurso simple de adjudicar autoría intelectual y financiamiento de esas movilizaciones a determinados grupos delictivos.

El retorno de los militares a los cuarteles es una exigencia básica para ir desmontando el sistema de control social mediante el terror institucional que Felipe Calderón ha ido construyendo para disimular las gravísimas carencias de orden civil de su gobierno. El caos enrojecido que es hoy la nación tiene como origen la impreparación del ocupante de Los Pinos para conducir con pleno respeto a la legalidad a un país necesitado de guerrear contra otros males y no, como sucede ahora, de gastar gran parte del dinero público en acciones de casi imposible fiscalización confiable que en lugar de derrotar al objetivo buscado han provocado desbordamiento de la violencia, odio social prolongado, derogación fáctica de lo que quedaba del estado de derecho, fortalecimiento de ciertos cárteles que se van constituyendo en corporativos de control, y florecimiento en cantidad y ganancias del negocio en sí, el del tráfico de drogas.

Difícil y peligroso resulta en ese contexto abogar por el regreso de los soldados a los cuarteles, pues se suele contraponer con ribetes agresivos el hecho real de que la delincuencia organizada se ha desbordado y por tanto no puede haber otra forma de contenerla y reprimirla que con el uso extremo de las fuerzas militares, aun cuando éstas cometan a ojos vistas abusos constantes (entre otras cosas, porque la lógica del soldado es la de aniquilar al enemigo). Pero, así como una parte de la sociedad ha enarbolado la demanda de No más sangre, es necesario también empujar la exigencia de que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y que las autoridades civiles cumplan con sus responsabilidades en el marco de la legalidad, sin pervertir el sentido de las acciones de los militares y sin permitir que esas botas, hoy instaladas en el campo del combate al narcotráfico, acaben incursionando en terrenos políticos y electorales ante la incapacidad confesa de los civiles para arreglar los asuntos públicos.

Pero a Calderón lo que le interesaba ayer era darle salida a un procurador federal de justicia al que mantenía en el archivo muerto desde finales del año pasado, cuando el hastiado Arturo Chávez Chávez había presentado su renuncia al cargo para el que nunca demostró habilidades ni capacidad. Acostumbrado a tener un gabinete disfuncional, con secretarios que funcionan a medias de sus posibilidades que de origen no son altas ni fuertes, centrado todo en él, que es un desconfiado, intrigante e insolidario jefe pinolero, Calderón presentó de inmediato, en busca de la ratificación senatorial correspondiente, a una carta de relevo que en realidad ya había sido colocada en ruta por Michelle Obama y Hillary Clinton el 9 del pasado marzo, cuando le entregaron a Marisela Morales un premio al valor, que sirvió para llenarla de elogios que en términos políticos equivalían a un beneplácito público, a una bendición en Washington para el nombramiento por venir. Con la procuradora Morales, si su designación es aprobada por el Poder Legislativo, el perfil de la PGR seguirá en una larga marcha operativa sin más horizonte que balas, muertos y más sangre, aunque sí con un ingrediente de temporada: la utilización de la PGR para fines electorales, como ya lo hizo la propia MM en el michoacanazo que ahora será libro de cabecera para las operaciones Marimor de inhibición o promoción de los intereses del PAN: la PGRRRR.

La cháchara electoral de la que se hablaba al principio de esta columna produjo ayer abundante material. Para empezar, Alejandro Encinas se negó a avalar las revelaciones de López Obrador sobre presuntos ofrecimientos de Calderón para que fuera candidato de la alianza en el estado de México, mientras el tabasqueño se aferró a su dicho e insistió en que tiene pruebas que presentará en su momento, cuando sea necesario. Molinar HorcABCitas, por su parte, reapareció desde el PAN para decir que Cecilia Romero no mintió ayer al decir que Calderón impulsaba la famosa alianza: nomás se equivocó.

Y, mientras Ebrard se ha desesperado y se ha organizado un destape exprés para informar que sigue siendo precandidato presidencial, ¡feliz fin de semana!

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