La comisión especial de diputados federales encargada de investigar a la trasnacional Sempra Energy se reunió en privado con funcionarios de la empresa a los que reprochó haber instalado en medio de la opacidad y la irregularidad la planta regasificadora Costa Azul en el litoral de Ensenada, Baja California.

Los legisladores reprobaron las violaciones a la ley que se han documentado por parte de la trasnacional y de las autoridades del gobierno de Baja California, entre ellos el ex gobernador panista Eugenio Elorduy. Los legisladores advirtieron que no habrá marcha atrás en la determinación de cerrar la empresa si se confirman las anomalías que se han detectado y documentado en los pasados tres meses.

El encuentro privado –del cual se tiene grabación– fue ríspido y propició el enojo de los siguientes funcionarios de la trasnacional: Tania Ortiz Mena, vicepresidenta de asuntos externos de Sempra Energy; Cristina Kessel, directora de asuntos gubernamentales de Sempra Energy; Alex Ríos, director de asuntos legales; Ricardo Moreno, director de relaciones públicas; David Cobb, vicepresidente de operaciones; Álvaro Muñoz, gerente de operaciones, y José Antonio Ortega, director general de Especialistas Ambientales, filial de Sempra.

Fue Alex Ríos quien reconoció los riesgos en la operación de la planta regasificadora: “Se hizo un análisis en el que se evaluó desde el punto cualitativo de riesgo qué pasaría si esto no funciona para evaluar y tomar decisiones pertinentes (sic). Se estudió el sitio que tiene características particulares, pues es una bajada hacia el mar y no se abre hacia las poblaciones. Está en una picada, situación que es favorable para cualquier tipo de accidente que pudiera presentarse.

Se hizo un estudio cualitativo sobre cuál es la probabilidad de los eventos, y se analizó la zona de impacto. ¿Qué pasaría y hasta dónde llegaría ese impacto? Los eventos que pudieran suceder son incendio o una explosión. En el caso del incendio, que es de un impacto llamado radiante, la probabilidad de que ocurra un acto en los tanques es extraordinariamente remota. En el caso de una explosión, el lugar más crítico de la planta es la zona de los vaporizadores.

En su turno, el diputado priísta Francisco Moreno Merino reprochó a Tania Ortiz Mena –quien se mostró despectiva con esta diario, que fue el que reveló la opacidad de la trasnacional– si entendía a qué obedecía su presencia en el Congreso.

Ortiz Mena replicó: Sí. Absolutamente. Llevo trabajando diez años en Sempra.

–¿Usted ha recibido algún tipo de beneficio por parte de Sempra? ¿Sabe que se están investigando actos de corrupción?

–Lo que le puedo decir es que nosotros en todo momento hemos cumplido al pie de la letra con la legislación aplicable, en todos los sentidos, federal, estatal y municipal, y a la fecha hemos oído historias como la de Rodolfo Michelon, por cierto un ex empleado que salió en un recorte de más de 130 personas. Decidió demandar a la empresa, y yo en diez años que llevo representándola le garantizo que en ningún momento, en ninguna reunión, y lo digo enfáticamente, he visto absolutamente ninguna negociación indebida, todo se ha hecho con absoluto cumplimiento a derecho.

–¿No han violado ningún reglamento estadunidense ni mexicano? –insistió con ironía el diputado Moreno.

–¡Absolutamente no!

–¿Absolutamente? –le reprochó el diputado.

–Lo que buscamos es la congruencia con un ordenamiento estatal que se llama Cocotren (Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada), que lo que buscaba básicamente era ordenar el desarrollo de la costa. Nosotros nos fuimos muy cerca de Ensenada y se nos criticó porque no nos quedamos cerca de Rosarito. Porque el Cocotren sólo ubicaba esa zona donde nos establecimos nosotros. La terminal tiene alrededor de 100 empleados. Tenemos 400 empleados en México, todos ellos mexicanos y a mí no me parece que sean pocos.

José Narro Céspedes, diputado del sol azteca que ha seguido el tema de la corrupción de Sempra, también ironizó con sus preguntas: ¿usted señala que han cumplido con la norma?